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Desde que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la “Ley Mordaza”, entrara en vigor el pasado 30 de junio, han proliferado las organizaciones que han denunciado ante distintos estamentos judiciales su inconstitucionalidad, para unos, o la vulneración de derechos humanos fundamentales en algunos de sus artículos, para otros.
A pesar de la desaprobación de la mayor parte de la ciudadanía y de la oposición política en bloque, no ha sido hasta hace poco más de unas semanas cuando la administración ha interpuesto las primeras denuncias contra periodistas en base a los artículos más polémicos de dicha norma.
Es el caso de Axier López, quien se ha convertido en el primer periodista multado por la administración central (en este caso, la subdelegación del gobierno en Guipúzcoa) por fotografiar a un agente de las fuerzas de seguridad.
El periodista de Argia.eus deberá pagar una sanción económica de 601 euros por un tweet en el que “el denunciado publicó sin autorización en su cuenta de Twitter @axierL imágenes de una actuación policial llevada a cabo en Eibar la mañana de ese mismo día. A través de dichas imágenes es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”, según reza la propia denuncia.
Los hechos se remontan al pasado 3 de marzo de 2016, cuando el periodista fotografió la detención de una joven que previamente se había negado a comparecer a una vista oral en la que estaba acusada de cortar una autopista en 2007 en protesta por la ilegalización de Segi.
Naroa Azirnabarreta Eibarren atxilotu duten unea https://t.co/CqNrfJO2NW pic.twitter.com/Ex4Rejjkj8
— Axier Lopez (@axierL) March 3, 2016
En conversación telefónica con el Instituto International de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), Axier López explica que se ha negado a pagar la multa ya que considera “que es una multa injusta al igual que la Ley [de Seguridad Ciudadana] es injusta”.
Según el periodista, “lo peor de esta ley es que haga plantearse a un periodista, y a la gente, si puede hablar de aquello de lo que es testigo, y más aún cuando hablamos de una operación policial a luz del día”. “Además”, añade Axier López, “creo que informar sobre ello es un ejercicio de transparencia”.
La ‘Ley Mordaza’ acumula críticas a nivel nacional e internacional
El efecto intimidatorio de la ley, y que potencialmente puede llevar a la autocensura, es uno de los argumentos que esgrimen a menudo sus críticos. En su informe “El estado de la libertad de prensa en España: 2015”, El IPI y otras cuatro organizaciones internacionales criticaron abiertamente el redactado vago e impreciso del Artículo 36.23, en el que se basa la multa contra el periodista de Argia.eus, que puede acarrear una sanción económica de hasta 30.000 euros:
23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información
El director de proyectos de libertad de información del IPI, Scott Griffen, asegura que este caso confirma los temores que existían de que la Ley de Seguridad Ciudadana pudiera ser usada en contra de periodistas en el ejercicio de su profesión.
“En el caso de Axier López, los argumentos en los que se basa la denuncia parecen espurios ya que los rostros de los agentes no son visibles”, apunta Griffen. “En general, la aplicación de esta ley contra periodistas amenaza con debilitar la función de la medios de comunicación de informar sobre las actuaciones de los organismo públicos, incluidas las fuerzas de seguridad, tal y como innumerables expertos internacionales han coincidido en señalar”.
Una postura con la que también coincide la organización española Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), quien, en un comunicado, asegura que dicho artículo vulnera la libertad de información en España: “Mientras que hasta ahora podían hacerse fotografías de los policías sin ningún tipo de autorización previa, siempre que la imagen se captara durante un acto público, o en lugares abiertos al público, según el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la ley actual crea una situación de indefinición jurídica”, según Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma.
Por su lado, la publicación en la que el periodista Axier López trabaja, Argia.eus, ya ha interpuesto un recurso por vía judicial contra la denuncia y están a la espera de que la instrucción determine si finalmente se abre vista oral, “a pesar de que la multa es, estrictamente, legal” tal y como reconoce Axier López, “pero una cosa es que sea legal, y otra es que sea justa”.
La ‘Ley Mordaza’ se estrenó en Burgos
El caso de Axier López no es el único en el que las autoridades han hecho uso de la llamada ‘Ley Mordaza’. El pasado 1 de marzo, La Guardia Civil denunció al fotógrafo del Diario de Burgos, Juan Carlos Pérez Díaz, por desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse en base al Artículo 36.6, tal y como informa el propio medio de información.
Según narra el diario, el fotógrafo se negó a borrar las imágenes que, dice, había captado desde el exterior de una fábrica en Cojóbar en la que se había producido un accidente laboral. La subdelegación del gobierno en Burgos ya ha abierto un expediente sancionador contra el fotorreportero, que se enfrenta a una multa de 601 euros.
Primeras acciones para derogar la ley
La Ley de Seguridad Ciudadana, una de las más polémicas aprobadas por el ejecutivo de Rajoy, ya nació con el firme compromiso de los partidos en la oposición de ser derogada en el caso de que accedieran al gobierno tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el primer embiste serio que recibió la polémica normativa fue la iniciativa que lanzaron tres periódicos digitales. La Directa (Barcelona), Diagonal (Madrid) y Ahötsa (Navarra), pertenecientes a la plataforma Defender a Quien Defiende (DQD), presentaron el pasado 22 de diciembre de 2015, una triple demanda contra la ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En declaraciones al IPI, la abogada de la plataforma, Anaïs Franquesa, explica que la demanda se basa en el hecho de que el texto “vulnera el derecho a la libertad de expresión y actúa en contra de los Artículos 10 y 13 de la Convenio Europeo de los Derechos Humanos”.
Por otro lado, los partidos políticos en la oposición durante el gobierno del Partido Popular ya han hecho un primer intento para tumbar la ley. El pasado 5 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley que insta al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. La iniciativa fue promovida en primera instancia por el partido independentista catalán ERC, y pactada con el grupo socialista del PSOE, y contó con los votos en contra de Ciudadanos y Partido Popular (PP).
De esta manera, PP y PSOE, mantienen una postura coherente con las declaraciones que representantes de ambas formaciones políticas mostraron a la delegación internacional de alto nivel, liderada por el IPI, en su visita a España en junio de 2015.
Por un lado, el Portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando Fraile, defendió la ley y dio a entender que es menos restrictiva de lo que la mayoría de sus críticos piensan, ya que las infracciones recogidas en la norma tienen un carácter administrativo y no penal “ya que no tenía sentido incluir estas infracciones en el Código Penal”.
Los observadores internacionales que formaban parte de la delegación, así como otros expertos independientes, señalaron que las sanciones administrativas excluyen la actuación judicial la cual, en principio, supone una garantía para que se respeten los derechos y obligaciones de todas las partes.
Por su lado, su homónimo en las filas del PSOE, Antonio Hernando Vera, aseguró que mediante esta ley, el gobierno de Mariano Rajoy “intentan asegurarse de que los periodistas y otros teman hacer su trabajo”. Vera se mostró orgulloso de que el grupo socialista, junto a otras cuatro formaciones políticas recurrieran dicha ley al Tribunal Constitucional.
Manifestaciones en apoyo de Axier López
“Este incidente debe servir como una llamada de atención a los partidos políticos de España sobre la urgente necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, en especial tras comprometerse firmemente a llevarlo a cabo en la reunión que mantuvieron con el IPI y otras organizaciones de carácter internacional”, concluye Scott Griffen.
Mientras tanto, sectores de la ciudadanía mantienen las protestas en las calles, como la que se convocó esta semana en San Sebastián, capital de Guipúzcoa, en apoyo al periodista de Argia.eus.
“Desde el primer momento hemos decidido denunciarlo públicamente para que el debate vuelva a estar en los medios y en la calle”, asegura López al IPI. “Evidentemente, lo peor que tiene esta ley para los periodistas es la sensación de estar desprotegido y el riesgo de convertirte en tu propio censor”.
