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Dos periodistas brasileños que trabajaban cerca de la frontera con Paraguay fueron asesinados durante el fin de semana, sólo unos días después de que el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), publicara un reporte especial que advertía sobre el incremento de la violencia contra los medios de comunicación en las regiones fronterizas de Brasil.

Las muertes del dueño de periódico Onei de Moura y del reportero radial Divino Aparecido Carvalho, ambas en el estado Paraná, se suman a un panorama ya oscuro relacionado con la seguridad de los periodistas en Brasil, un país que según el registro de muertes de periodistas que lleva el IPI, ahora sigue los pasos de la conflictiva Siria en términos de número de periodistas asesinados en 2012.

El gerente de Libertad de Expresión del IPI, Anthony Millls, dijo al respecto: “Condenamos fuertemente las muertes de Moura y Calvalho y enviamos nuestras condolencias a sus familias y colegas”.

“Desafortunadamente -agregó- estamos viendo surgir un patrón de violencia relacionada con los medios de comunicación en Brasil. Mientras aquellos que trabajan en las ciudades más grandes del país disfrutan de un nivel relativamente alto de libertad de prensa, los periodistas críticos al interior de Brasil y en sus regiones fronterizas están siendo silenciados impunemente, y con una tasa crecientemente alarmante”.

Calvalho, también conocido como Calvalho Junior, fue atacado ayer cerca de las 5:00 am en Foz do Iguaçu cuando llegaba a la Radio Cultura AM, donde trabajaba como director artístico, según publicó el periódico local O Diario (Maringa). Carvalho debía haber dirigido un programa de variedades esa mañana llamado Show da Cultura, agregó el medio.

Un investigador de la policía dijo a los medios locales que a Carvalho le dispararon tres veces mientras salía de su carro, y una de las balas lo alcanzó en la garganta. A pesar de la herida, Carvalho logró conducir hasta un puesto de emergencias, donde, incapacitado para frenar, chocó contra una ambulancia estacionada y se estrelló contra el parabrisas de su carro. Los coordinadores de la emergencia llevaron rápidamente a Carvalho al hospital municipal, pero el periodista sucumbió a sus heridas.

Según reportaron los medios de comunicación, el investigador de la policía aparentemente descartó la posibilidad de robo como motivo del crimen. “No le quitaron nada, estaban buscando quitarle la vida”, explicó el funcionario, quien calificó el ataque como “premeditado”.

Onei de Moura, dueño del periódico semanal Costa Oeste, fue asesinado a tiros la noche del sábado en Santa Helena, un pueblo de 24,000 habitantes ubicado aproximadamente 100 km al norte de Foz do Iguaçu. Los medios reportaron que Moura estaba frente a una máquina expendedora de bebidas cuando un hombre con quien aparentemente había discutido más temprano esa noche en un bar, salió de un vehículo y le disparó tres veces en el pecho.

“Aparentemente la víctima lo había ofendido”, dijo a AFP un portavoz policial, quien describió la causa del asesinato como un “problema personal”. Un investigador de la Policía Civil de Paraná, por su parte, indicó: “Parece más un crimen impulsivo, nada premeditado.”

Sin embargo, varios medios de comunicación reportaron que Costa Oeste se ha distinguido por su crítica a los funcionarios locales, una característica que el IPI ha identificado como factor que incide significativamente en los asesinatos de periodistas en las regiones fronterizas de Brasil. Debido a que Moura fue director del Partido de la Social Democracia Brasileña en Santa Helena, se ha sugerido que pudo haber un motivo politico.

El presunto asesino, Sérgio Adriani Schwann, se entregó ayer a la policía, pero poco más tarde fue puesto en libertad, a pesar de que confesó el crimen. Según el mencionado portavoz, aparentemente no se había emitido una orden de arresto contra Schwann, lo que quiere decir que Schwann es “un hombre libre.”

Márcio Rodrigues, presidente del Sindicato de Periodistas de Paraná, reconoció en declaraciones al IPI que no han logrado confirmar que las víctimas del fin de semana hayan sido asesinadas por su actividad profesional. A juicio de la institución que representa, pudieron más bien ser víctimas de la violencia urbana.

Aunque eso fuera cierto, explicó, el peligro para los periodistas en la región seguiría latente. “Este año comenzó de manera trágica para nuestra area de actuación. Estas dos víctimas se suman a otros compañeros que han sido agredidos, amenazados o visto sus vidas cegadas por el simple hecho de cumplir con su obligación de reportar a diario y denunciar las actitudes inadecuadas de los que están en el poder”, denunció Rodrigues.

Foz do Iguaçu y Santa Helena se ubican directamente en la frontera inestable y parcialmente sin ley de Brasil con Paraguay, donde otro periodista critico de funcionarios locales, Paulo Rocaro, fue abaleado en febrero. La muerte de Rocaro ocurrió cinco días despues de que el director de periódico Mário Randolfo Marques Lopes fue secuestrado y asesinado de forma brutal en el interior del estado de Rio de Janeiro.  

Sobre las investigaciones en torno a estas muertes, el presidente del sindicato agregó que aunque las muertes no han sido aclaradas, las sospechas que han surgido durante la investigación indican que el crimen de Lopes pudo haber tenido motivaciones politicas, mientras el de Rocaro podría estar relacionado con sus denunciassobre el tráfico internacional en la frontera entre Brasil y Paraguay.

Mills enfatizó que las autoridades de Brasil deben investigar inmediatamente las motivaciones de los asesinatos y llevar a los responsables a la justicia. “El momento de que Brasil se levante y proteja a todos los periodistas que trabajan dentro de sus fronteras es ahora. Una prensa que no es libre, amenaza a la larga el libre flujo de información, y todos los Brasileños, no sólo los que viven en el centro del país- tienen derecho a conocer las actividades e instituciones que afectan sus vidas”.

El año pasado, 5 periodistas fueron asesinados en Brasil, la cifra más alta desde el comienzo del Death Watch del IPI en 1997. Cuatro de los asesinados trabajaban fuera de los centros urbanos más grandes y se destacaban por su posición crítica ante los funcionarios locales.