La tensión ha crecido en las últimas semanas en Perú dado los recientes reportes de amenazadas, reclamos de persecución y ataques físicos contra periodistas. Fiel reflejo de dicha tensión es el reciente atentado contra Yofre López Sifuentes, director y periodista de la publicación en línea “Barranca.pe”.
En lo que va de año, la Asociación Nacional de Periodistas en Perú (ANP), registró al menos 47 ataques a periodistas, entre los que se incluyen amenazas, persecuciones judiciales y ataques físicos. En el 2013, la ANP reportó un total de 129.
El ataque contra López Sifuentes, de 39 años, tuvo lugar el pasado 22 de abril en el pequeño pueblo costero de Barranca. Una explosión de dinamita destruyó la entrada de la casa dejando heridos a los padres del periodista, Matilde Elizabeth Sifuentes y Carlos Luis Huertas, quienes se encontraban dentro del domicilio.
López Sifuentes había publicado recientemente un reportaje dejando al descubierto un supuesto caso de corrupción que implicaba al alcalde de la provincia de Barranca. Anteriormente, el periodista había publicado una serie de artículos exponiendo la alta contaminación causada por parte de una empresa azucarera, Agro Industrial Paramonga, S.A. (AIPSA), ubicada en el distrito de Paramonga.
Poco después de sacar a la luz este caso el periodista fue demandado por la compañía AIPSA en el 2012. López Sifuentes se enfrentaba a cargos de difamación y una pena de hasta tres años de cárcel y una multa que podía llegar a los €65.000. La defensa pudo demostrar su inocencia gracias a un informe del Ministerio de Salud peruano que confirmaba las pesquisas del reportero en cuanto a la contaminación y sus efectos nocivos sobre la población, así como el origen de la misma: la azucarera AIPSA.
En una entrevista al Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), López Sifuentes relató las dificultades contra las que los periodistas peruanos se enfrentan diariamente, especialmente aquellos miembros de la prensa que trabajan y viven en las provincias lejos de la capital.
“Ha llegado el punto que el Estado considera (a los periodistas) enemigos y como tal nos ha dejado abandonados,” alertó López Sifuentes. Además el editor añadió: “Las autoridades nos han dejado vulnerables contra amenazas judiciales y sobornos y cuando se dan cuenta que eso no funciona con muchos de nosotros entonces tratan de silenciarnos con bombas.”
Según Sifuentes, las provincias están completamente abandonadas en lo que se refiere a recursos y personal de investigación. No se quedó ahí, López Sifuentes denunció que la patrulla de policía encargada de garantizar su seguridad tras el atentado había dejado de vigilar los alrededores de su domicilio. “La ineptitud de las entidades públicas que no pueden hasta esta fecha (7 de Mayo) tener un sólo indicio de quién ha lesionado a mis padres es realmente indignante,” explicó López Sifuentes.
En consecuencia, López Sifuentes redactó una carta dirigida al Ministro de Interior, Walter Albán, pidiéndole garantías para su seguridad y la de su familia ya que teme que algo peor pueda pasar.
Una copia de dicha carta, que Sifuentes envió al IPI, muestra el sello del ministerio con fecha del pasado 6 de mayo como prueba del recibo. No obstante, el periodista informó al IPI que en el país no existe un mecanismo de protección para garantizar la seguridad de los periodistas. Hasta el momento, López Sifuentes continua trabajando desde su propio domicilio sin protección, donde investiga y redacta notas sobre temas que él considera de interés público.
No es un caso aislado. El reportero gráfico Rudy Huallpa Cayo, de 26 años, quien perdió la vista en su ojo izquierdo el 1 de abril como resultado de un perdigón disparado de cerca por un capitán de la policía mientras cubría una protesta en la ciudad de Puno, en el sureste del país, cerca del Lago Titicaca.
Zuliana Lainez informó al IPI que el capitán en cuestión, Eliu Martin Fuentes Ramos, tiene un historial de violencia contra miembros de la prensa. Según reportes en el país, Fuentes Ramos fue expulsado ya el 3 de mayo de 2009 de su cargo en la ciudad sureña de Arequipa, a 300km de Puno, tras agredir física y verbalmente al periodista Filomeno Manuel Quispe Flores.
A pesar de que la investigación sobre el caso de Huallpa Cayo sigue abierta, Fuentes Ramos mantiene su cargo como capitán de policía en la ciudad de Puno, según nos explica la vocera de ANP.
Diversos grupos de periodistas se han manifestado por todo el Perú y siguen recolectando fondos para ayudar a Huallpa Cayo, quien todavía necesita una operación quirúrgica, según explicó Lainez. La ANP ha estado ayudando al reportero gráfico facilitándole el alojamiento y la comida mientras visita a especialistas en la capital de Lima. Los doctores de Huallpa Cayo ya le han advertido que no podrá trabajar como fotógrafo como mínimo hasta cinco meses después de la operación.
IPI ha hecho un llamado al Presidente Peruano, Ollanta Humala, para que tome las medidas necesarias para proteger la libertad de prensa en su país y el respeto de los periodistas.
“Le pedimos al presidente que muestre su oposición a los actos de violencia contra periodistas ya que en algunos casos, dichos ataques están vinculados con entidades locales y otros actores,” dijo Vanessa I. Garnica, la asesora de libertad de prensa para Latinoamérica y el Caribe en el IPI. “De la misma manera, le pedimos al gobierno peruano que asigne los recursos necesarios para investigar cualquier amenaza o ataque que afecte a periodistas, especialmente aquellos que trabajan en las provincias ya que son las zonas más vulnerables en cuanto al libre ejercicio de la prensa se refiere.”
