El próximo 28 de abril, se cumplen 12 años desde que la periodista Regina Martínez Pérez murió estrangulada en su domicilio. Sin embargo, las autoridades todavía no han conseguido resolver el crimen de forma creíble. El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) urge al presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador a que cumpla su compromiso de reabrir el caso y poner fin a la impunidad.
Regina Martínez era una periodista sumamente respetada en Xalapa, capital del estado de Veracruz. Corresponsal de la revista nacional Proceso, llegó a publicar investigaciones en profundidad sobre cuestiones de derechos humanos, delincuencia organizada y vínculos entre miembros de cárteles y funcionarios de Veracruz.
Los esfuerzos por resolver el asesinato y hacer justicia para Regina se han visto empañados por graves fallos en la investigación. Por un lado, las autoridades detuvieron y torturaron a un sospechoso para obtener lo que observadores internacionales y compañeros de Regina consideran una confesión falsa. Por el otro, la policía no pudo identificar un conjunto de huellas dactilares en la escena del crimen.
Crisis de seguridad
México es el país más peligroso del hemisferio occidental para los periodistas, siendo Veracruz uno de los estados más mortíferos por un amplio margen. Al menos 164 periodistas han sido asesinados en México desde que se iniciaron los registros del IPI en 1997. La gran mayoría de estos crímenes han quedado prácticamente impunes.
“La continua impunidad por el asesinato de Regina Martínez es emblemática de la horrible crisis de seguridad que sufren los periodistas en México”, dijo el Director Adjunto del IPI, Scott Griffen. “Esta inaceptable falta de justicia doce años después es un fracaso sin paliativos del Estado y pone en riesgo a los periodistas de todo el país”.
“Instamos urgentemente al presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador a que cumpla su compromiso de reabrir el caso de asesinato. Las autoridades deben llevar a cabo una investigación transparente y creíble que lleve a todos los responsables ante la justicia.”
La trágica historia
En sus últimos años, Regina escribió con frecuencia sobre dos gobernadores del estado de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte, y sus vínculos con el hampa. Ambos mantuvieron contactos con los cárteles y desempeñaron un papel importante en la transformación del estado en un hervidero de violencia sin precedentes.
Fuentes fiables estiman que 25.000 personas desaparecieron en Veracruz durante los mandatos consecutivos de ambos gobernadores. Sin embargo, las autoridades de Veracruz afirmaron que tan solo habían desaparecido 5.000 personas.
En abril de 2012, Regina estaba trabajando en un extenso informe sobre fosas comunes que creía que los cárteles y otros delincuentes utilizaban para arrojar cadáveres. Entre las víctimas se contaban delincuentes de poca monta, propietarios de negocios que no estaban dispuestos a colaborar en negocios ilegales, y mujeres vulnerables. La periodista visitó algunos de estos lugares llevando la cuenta de los cadáveres que se acumulaban rápidamente. Esta investigación no era un caso aislado, la periodista publicaba frecuentemente noticias sobre delincuencia organizada. Entre otros temas, también escribió sobre la migración, la discriminación de las comunidades indígenas y la detención de líderes de cárteles y policías que colaboraban con ellos.
Antes de su muerte, Regina creía que la espiaban. Según un antiguo compañero, Martínez oía con frecuencia ecos y ruidos ambiguos en su teléfono. La creciente preocupación por su seguridad la llevó a informar a su jefe sobre sus planes de dejar de cubrir noticias sobre el crimen organizado. En diciembre de 2011, cuando regresó a Xalapa de las vacaciones de Navidad, se dio cuenta de que alguien había entrado a su apartamento. Sin embargo, no se atrevió a denunciar la intrusión debido a su desconfianza en las autoridades.
El 28 de abril de 2012, Martínez fue hallada muerta en su baño. Su vecino había notado que su puerta estaba abierta y llamó a la policía. El artículo sobre las fosas comunes nunca se publicó: los asesinos de Martínez se llevaron su ordenador portátil cuando huían de la escena del crimen. Javier Duarte, que era gobernador en el momento del asesinato de Martínez, ha negado tener nada que ver con el asesinato.
Investigación defectuosa
En 2013, un juez condenó a Jorge Antonio Hernández Silva, también conocido como “El Silva”, a 38 años de prisión por el asesinato de Martínez. Las autoridades de Veracruz afirmaron que no había conexión entre el asesinato y el trabajo de Regina como periodista. Dijeron que había sido un “crimen pasional” cometido en relación con un robo. Sin embargo, “El Silva” se retractó más tarde de su anterior admisión de culpabilidad, alegando que los funcionarios del estado le habían amenazado y torturado para que se declarara culpable. No obstante, sigue entre rejas.
Los activistas y defensores de la prensa han acusado a las autoridades de gestionar mal el caso. La historia de un “crimen pasional” les parece inventada ya que fiscal que visitó la casa de Martínez poco después de su asesinato no encontró signos de robo. Los asesinos sólo se llevaron el teléfono y el ordenador de trabajo de Martínez pero dejaron otros objetos de valor.
Paradigma de la impunidad
En 2020, el medio de comunicación Forbidden Stories publicó “The Cartel Project” sobre Regina Martínez y la guerra contra la prensa en México. Tras entrevistar a antiguos funcionarios del Estado, fiscales, el círculo íntimo y los compañeros de la periodista, el proyecto reveló que las autoridades de Veracruz habían espiado a periodistas y opositores políticos con Pegasus, el programa espía israelí. Se denunció que los periodistas que investigaban determinados temas, como las fosas comunes o la muerte de Martínez, se enfrentaban a amenazas e incluso a complots de asesinato. El acoso obligó a muchos periodistas a interrumpir sus investigaciones y trasladarse a un entorno más seguro.
Mientras tanto, el asesinato de Martínez sigue sin resolverse. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México estima que los funcionarios públicos han cometido casi la mitad (43%) de las agresiones contra periodistas entre 2012 y 2023. Los actores no estatales, incluido la delincuencia organizada, cometieron un tercio. La mayoría de estas agresiones han quedado total o parcialmente impunes. El caso de Martínez se ajusta tristemente al “paradigma” de impunidad en el asesinato de periodistas en México. La visibilidad es un aspecto que diferencia su caso.
En noviembre de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel Lopéz Obrador prometió reabrir la investigación penal sobre el asesinato de Regina. Hasta ahora no parece haber hecho nada para cumplir su promesa.
