En un pequeño poblado en la provincia argentina de La Pampa, el editor de un periódico fue agredido el 19 de enero por la esposa y el hijo del vice-intendente local, luego de haber publicado un artículo que criticaba al gobierno municipal.
Un periódico comunitario de 26 años de edad en Porto Alegre, Brasil, con un tiraje de 5.000 ejemplares, se vio obligado a cerrar la semana pasada después que un tribunal le ordenó pagar miles de dólares en daños a la madre del ex-gobernador del estado de Río Grande do Sul. El periódico había publicado una historia ganadora de premios que vinculaba al hermano del gobernador con una red de corrupción.
Tres periodistas de Ayacucho, al sureste de Perú, informaron el 26 de enero que habían sido acosados, amenazados, y desacreditados. Fueron calificados de asesinos y terroristas luego de que publicaron un reportaje que señalaba la apropiación indebida de millones de dólares provenientes de fondos públicos por parte del gobernador regional.
El 18 de enero, tal y como informó el IPI anteriormente, un radio periodista de Nagua, en República Dominicana, fue condenado por difamar a un abogado. Un juez le ordenó pagar una multa de 1 millón de pesos, 5.000 veces el máximo establecido por las leyes de medios de ese país para casos de difamación.
Estos incidentes, lejos de ser aislados, ponen de relieve uno de los obstáculos más grandes que enfrenta la libertad de prensa en América Latina: autoridades autocráticas regionales y locales que ven al periodismo de investigación como una amenaza al poder que, de otra manera, no sería controlado. De hecho, los periodistas y medios de comunicación que investigan la corrupción local a menudo se convierten en objetivo de la delincuencia.
Por otra parte, los periódicos regionales y comunitarios dependen a menudo de espacios publicitarios comprados por las mismas autoridades, quienes a su vez pueden aprovechar esta dinámica para controlar su contenido. De esta forma, los periodistas que investigan la corrupción local o los vínculos entre funcionarios locales y el crimen organizado se pueden ver forzados a ejercer la autocensura.
Esta situación preocupante, combinada con el alcance mortal de los carteles de droga y la ineficiencia y la inacción por parte de los gobiernos nacionales, ha llevado a los periodistas locales y comunitarios a sufrir desproporcionadamente en la creciente crisis de la libertad de prensa en América Latina, un punto respaldado por las estadísticas del IPI.
De acuerdo con el Observatorio de Muertes del IPI, de los 31 asesinatos de periodistas en América Latina el año pasado, 25 se produjeron fuera de las grandes metrópolis. Por otra parte, aproximadamente tres quintas partes de todas las amenazas y casos de agresiones contra periodistas en la región registradas por el IPI en 2011 se llevaron a cabo en las zonas rurales, donde las medidas de protección para los periodistas son ineficaces o inexistentes.
Esta alarmante tendencia ha continuado sin cambios en 2012. De hecho, los dos asesinatos de periodistas que se han registrado hasta la fecha ocurrieron en Brasil, lejos de la capital del país. Asimismo, de los 40 casos de comportamiento amenazador o agresivo hacia los periodistas documentados por el IPI en lo que va de año, 24 han venido de fuera de los centros urbanos más grandes, con Brasil, Perú y México sumando más de la mitad de los casos.
“Ahora es más peligroso ser periodista regional en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo”, dijo el gerente de Libertad de Prensa del IPI, Anthony Mills. “En la ausencia del estado de derecho, los periodistas locales que tratan de romper el ciclo de la corrupción y la mala administración están siendo silenciados por aquellos que están desesperados por mantenerse en el poder y con el dinero”.
El problema de los hombres fuertes de las regiones prevalece particularmente en América del Sur, donde 10 de los 11 periodistas asesinados el año pasado eran conocidos por sus trabajos críticos sobre funcionarios e instituciones locales. Brasil y Perú, cuyo tamaño y geografía dificultan aún más los esfuerzos para proteger a los medios de comunicación regionales, en conjunto representaron 7 de esos 10.
Entre las víctimas del año pasado estuvo el periodista brasileño Leandro Valderlei Canuto, quien fue baleado en Tabatinga, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes, ubicada al extremo oeste del estado Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. Según medios locales, Leandro había sido amenazado de muerte por el alcalde de Tabatinga, Samuel Benerguy, varios meses antes, después de que el periodista publicara informes sobre presunta corrupción municipal, incluyendo la apropiación indebida de alimentos de la escuela.
Otras voces críticas de los medios regionales están sujetas a agresiones físicas, secuestros y amenazas de muerte. En Yapacaní, Bolivia, el año pasado, los partidarios de un alcalde destruyeron una estación de radio y un canal de televisión en noviembre en respuesta a lo que fue visto como una campaña de desprestigio llevada a cabo por los organismos de radiodifusión contra el alcalde. En agosto, el alcalde de Balsapuerto, Perú -que estaba bajo investigación por el asesinato de 12 indígenas del pueblo Shawi- golpeó a un periodista que le había preguntado por facturas pendientes de pagar.
De los 25 asesinatos locales o regionales del año pasado, 7, ocurridos en México, estuvieron vinculados con el crimen organizado. Todos incluyeron un secuestro o intento de secuestro y se produjeron en el norte del país, donde los cárteles de la droga están más activos. Muchos de los asesinatos -incluyendo la decapitación de la editora y administradora de redes sociales Mayra Castro Macías, en Nuevo Laredo- fueron exageradamente brutales.
Mientras que todos los periodistas que cubren el crimen organizado pueden convertirse en blanco de represalias, los periodistas regionales que lo hacen carecen a menudo de la protección básica de la policía. En países como México, los ataques contra periodistas son manejados por las autoridades estatales y locales, quienes pueden estar involucradas en sí mismas con los cárteles de la droga. “La investigación de un crimen contra un periodista podría no ser del interés de las autoridades locales”, indicó un informe sobre la violencia contra periodistas en Colombia y México, publicado en 2010 por Diálogo Interamericano.
Aunque los métodos más comunes de silenciar a los medios de comunicación regionales y locales en toda América Latina siguen siendo el asesinato, las agresiones físicas, y los incendios o ataques con granadas contra las sedes de los medios de comunicación social, técnicas menos visibles también se están empleando. Éstas incluyen el cierre arbitrario de de medios por parte de las autoridades policiales, ataques cibernéticos y la censura a través de la compra masiva de ejemplares de una publicación.
En Sincelejo, Colombia, el año pasado dos personas compraron los 2.500 ejemplares de una edición del periódico “El Meridiano de Sucre”, en la cual se reportaba sobre los vínculos entre un grupo de paramilitares y los políticos locales, dijo el editor en jefe del medio a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia.
Maniobras similares fueron utilizadas para impedir la distribución de la revista política Proceso en los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla.
Otra dificultad -especialmente en los países con altos índices de delincuencia en general, tales como México y Honduras- es que los asesinatos de periodistas intentan hacerse confundir con robos y son investigados como tal por la policía. IPI insta encarecidamente a los investigadores locales a mantener una mente abierta cuando se trata de esclarecer el asesinato de un periodista.
“La libertad de prensa es un elemento fundamental e indivisible de la democracia”, aseguró Mills. “Instamos a los gobiernos locales y nacionales en América Latina a que se abstengan de perseguir a los periodistas por hacer su trabajo, que es el de investigar y contar las historias que los ciudadanos necesitan escuchar. IPI se compromete a trabajar junto con las organizaciones de libertad de prensa dentro de América Latina para elevar conciencia sobre el tema y defender los derechos de los periodistas de la región”.
