A principios de este mes, cinco periodistas fueron agredidos en Nicaragua mientras cubrían una misa en homenaje del fallecido teólogo y poeta Ernesto Cardenal.
La agresión dirigida por partidarios del gobierno de Daniel Ortega ocurrió el 3 de marzo, cuando dos de los periodistas agredidos fueron trasladados a un centro médico privado en Managua. Una semana después, sin embargo, uno de los reporteros, Hans Lawrence Ramírez, fue hospitalizado nuevamente debido a un fallo renal agudo relacionado con la agresión.
Tan sólo unos días después, el 8 de marzo, la policía detuvo a Emiliano Chamorro, director del periódico digital El Portavoz Ciudadano. A pesar de que la policía liberó al periodista a las pocas horas, todavía hoy le mantiene bajo vigilancia en su casa.
Estos ataques, más allá de ser casos aislados, son sintomáticos de una hostilidad contra los medios de información mucho más amplia y que se ha cronificado en el país centroamericano.
La ausencia de libertad de prensa en Nicaragua, así como de derechos humanos en su conjunto más amplio, empezó el 18 de abril de 2018, cuando el gobierno comenzó a utilizar la represión y violencia como respuesta a las protestas civiles. Tres días después, el periodista y editor del Meridiano, Ángel Gahona, fue asesinado en las protestas y otros nueve periodistas fueron heridos.
Constantes violaciones a la libertad de prensa
Coincidiendo con el arranque de los disturbios civiles, se disparó el número de violaciones a la libertad de prensa y abusos contra periodistas. Desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, la Fundación Violetta Barrios de Chamorro, un grupo nicaragüense de vigilancia de los derechos humanos, registró 1979 ataques contra periodistas y otras medidas que restringían la libertad de los medios para informar.
La mayoría de estos casos suman casi 1000 retenciones administrativas contra los dos medios de comunicación más destacados en el país, La Prensa y el Diario Hoy. La organización civil denomina estas violaciones bajo el término “el abuso del poder estatal”.
Estas restricciones operacionales han provocado importantes problemas económicos para los medios, despojándolos de cuantiosos ingresos. En Febrero de 2020, el gobierno levantó el bloqueo aduanero contra La Prensa que duró alrededor de 70 semanas. La Dirección General de Aduanas (DGA) de Nicaragua había retenido ilegalmente centenares de toneladas de papel y otros productos poniendo en riesgo el medio fundado en 1926.
“En los últimos meses, las violaciones contra la libertad de prensa han continuado al mismo ritmo”, Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación, dijo al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés). “Incluso después del levantamiento del bloque aduanero contra La Prensa, las cifras siguen siendo altas. Solo en febrero, documentamos 35 casos de violaciones contra la libertad de prensa”, aseguró Medrano, y explicó como sólo “el 25 de febrero de este año, hubo 12 casos de ataques, intimidaciones, y amenazas de muerte contra periodistas”.
Ser periodista y cubrir protestas o manifestaciones es una tarea peligrosa en Nicaragua. Con frecuencia, quienes documentan violaciones de derechos humanos se convierten ellos mismos en víctimas. “Tiene el mismo riesgo un ciudadano que quiere levantar una bandera o que quiere expresarse, porque inmediatamente es atacado por la policía, como el periodista que quiere documentar cualquier expresión ciudadana”, añadió Medrano.
El panorama mediático nicaragüense se ve reprimido aún más por medios comprados por los miembros de la familia de Ortega, que poseen seis emisoras de televisión nacionales y las utilizan como altavoces para difundir su propaganda.
Fases de las violaciones
Tras analizar la situación de la libertad de prensa en los últimos dos años, la Fundación concluyó que el gobierno ha estado empleando diferentes tipos de ataques que se han ido desarrollando en a varias fases.
“La primera etapa fue marcada por agresiones y ataques contra la prensa”, dijo Medrano. “No existen garantías para hacer periodismo independiente en Nicaragua”.
“Transcurrida esta [primera] etapa, se pasó a un proceso de descalificación y lenguaje estigmatizante contra la prensa independiente” explicó Medrano. “Durante esta [segunda] etapa, la vicepresidenta, que actúa como portavoz gubernamental, comenzó a poner una serie de epítetos en contra de la prensa independiente, llamándola el ‘enemigo del pueblo'”. Según Medrano, la mayoría de los periodistas atacados por el gobierno fueron los que habían huido del país y estaban en el auto-exilio. Para el gobierno, el lenguaje amenazante se ha convertido en la única herramienta para atacar a los periodistas que ya estaban fuera de su alcance.
La tercera fase consistió en obstruir el trabajo de los medios. El Confidencial y 100% Noticias fueron objeto de redadas policiales y clausurados en diciembre de 2018. A pesar de que sus redacciones están todavía ocupadas por la policía, ambos medios de comunicación siguen trabajando. También en diciembre, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, y la periodista Lucía Pineda Ubau fueron detenidos y posteriormente encarcelados durante seis meses.
“La cuarta fase consistió en campañas de difamación contra periodistas y el gobierno cerró así el círculo, retomando de nuevo los ataques a los reporteros como instrumento principal para coartar la libertad de prensa”, dijo Medrano. Esta fase, que empezó en marzo de 2019, todavía perdura en el país.
Medios de comunicación cerrados pero no silenciados
“Después de ser ocupado por la policía, las transmisiones del Confidencial en la TV en abierto y de pago fueron prohibidas”, Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial, dijo al IPI. “Operamos bajo una severa censura, pero seguimos produciendo información y programas de TV que únicamente se difunden a través de las redes sociales, Facebook y Youtube”.
“La redacción del Confidencial está bajo ocupación policial pero los reporteros siguen trabajando desde sus casas”, dijo Chamorro.
La justificación policial para cerrar los medios es vaga y carece de fundamento. Chamorro explicó que el gobierno ordenó el cierre del Confidencial por su relación con la también clausurada Centro de la Investigación de la Comunicación (CINCO) — una ONG que se llama institución perseguida por el gobierno. Sin embargo, el único elemento que vincula a la ONG con el medio de comunicación es que Chamorro es el miembro de la junta directiva de CINCO. “El Confidencial es una empresa inscrita en el registro mercantil de Nicaragua. La justificación oficial de la ocupación de Confidencial es mas bien una aceptación por parte del gobierno de que está violando la ley”, puntualizó Chamorro.
“No existe la libertad de prensa en Nicaragua”, dijo Chamorro, “los medios de comunicación están bajo ocupación policial, los periodistas están atacados, la censura está es cada vez mayor, y no hay acceso a la información pública. Los periodistas ni siquiera pueden atender a una conferencia de prensa de alguna autoridad pública.”
“Un reportero puede ser objeto de una agresión en cualquier momento mientras está en la calle cubriendo un hecho”, concluyó Chamorro.
