El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ha instado hoy al gobierno de la República Dominicana a proteger el derecho de sus ciudadanos a informarse en el último mes de una dividida campaña electoral presidencial.
Los principales candidatos para las elecciones del próximo 20 de mayo son el oficialista Danilo Medina Sánchez, del Partido Liberación Dominicana (PLD), y el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Ambos candidatos se han visto envueltos en varios escándalos, el último de ellos cuando Medina acusó a Mejía de promover el caos en Haití a través de un golpe de estado y de esa manera lograr la postergación de las elecciones.
La turbulenta campaña ha degradado igualmente el nivel de libertad de prensa en la isla caribeña. El Instituto Internacional de la Prensa ha registrado el incremento de agresiones contra los medios de comunicación, especialmente hacia periodistas que investigan casos de corrupción.
El pasado mes de febrero, la policía envió un equipo SWAT a casas y oficinas de reconocidos periodistas con el aparente objetivo de descubrir las fuentes involucradas en una investigación que informó sobre la presunta implicación de altos funcionarios del gobierno actual en asuntos de corrupción.
Una de las personalidades envueltas en las investigaciones es la primera dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien es a su vez, candidata a la vicepresidencia del PLD. Correos electrónicos filtrados en un blog en diciembre de 2011 aparentemente revelan la recepción en forma secreta por parte de Cedeño de 1.6 millones de pesos (34.000 EUR) para financiar su campaña; monto presuntamente suministrado por la esposa del presidente de un banco con fondos de los depositantes.
Las recientes acusaciones en contra de Mejía surgen luego que Nuria Piera, reconocida periodista investigativa, reportara que un senador del PLD había otorgado secretamente al presidente haitiano Michael Martelly mas de 2.5 millones de dólares americanos durante y después de su última campaña presidencial. Además, Medina ha acusado a Mejía de trabajar con un ex coronel del ejército para tomar ventaja de la posición debilitada de Matelly, como resultado del reporte de Piera, que buscaba un derrocamiento en Haití, según la prensa local.
Piera ha enfatizado en su reportaje que su investigación no tiene ninguna motivación política y ha expresado preocupación por los esfuerzos del gobierno por descubrir sus fuentes, instando a los agente de inteligencia a “no cometer injusticias”. En una publicación en Twitter, Piera acotó que los allanamientos realizados por las autoridades en varias casas y oficinas en busca de las fuentes de información, no se hubieran realizado de no ser cierta la investigación divulgada.
“Durante la última década, la República Dominicana gozó de un ambiente estable y libre para los medios de comunicación social. Sin embargo, durante los últimos seis meses, un período que coincide con la campaña electoral presidencial, la libertad de prensa ha vuelto a ser un tema de discusión. Estamos muy preocupados particularmente por los reportes sobre autoridades policiales amenazando a los periodistas por su trabajo investigativo”, dijo Anthony Mills, subdirector interino del IPI.
“Las elecciones son tiempos de tensión y nosotros creemos con vehemencia en el ejercicio profesional del periodismo, pero muchos políticos en sociedades democráticas –particularmente aquellos con intereses presidenciales- tienen que aceptar el estar sujetos al escrutinio público. Cuando los dominicanos acudan a las urnas el próximo 20 de mayo, en el ejercicio de su derecho a elegir a su futuro gobernante, solo un periodismo de investigación los podrá ayudar a tomar una decisión informada”, añadió Mills.
El IPI mantiene una profunda preocupación sobre la aplicación de las leyes que penalizan la difamación en República Dominicana. En enero, un periodista radiofónico, Johnny Alberto Salazar, fue sentenciado por difamar a un abogado y condenado a seis meses de prisión y una multa de 1 millón de pesos, 500 veces el máximo permitido por las leyes del país.
“Las leyes que penalizan la difamación, ya sea durante la época de elecciones o no, contribuyen a la autocensura por parte de la prensa y eso es algo que ninguna democracia se puede permitir”, explicó Mills.
El IPI está trabajando arduamente en la discusión con varios gobiernos en el Caribe, incluyendo República Dominicana, como parte de un esfuerzo para abolir las leyes que penalizan la difamación. El próximo mes de julio, el IPI llevará a cabo una misión a República Dominicana para reunirse con la prensa y representantes del gobierno con el fin de abordar el caso.
Leonel Fernández Reyna, actual presidente de República Dominicana, ganó ampliamente en el 2008 la elección presidencial por un segundo periodo llegando casi a un 54% del apoyo popular. Fernández fue también presidente de 1996 al 2000. El PLD mantiene marcadas mayorías en las dos cámaras del congreso, el Senado y la Cámara de Diputados.
El IPI es la organización internacional más antigua del mundo dedicada a la promoción del derecho a la información. Creada en 1950 por 34 directores de medios de comunicación de 15 países, hoy es una organización mundial con miembros en más de 120 países. Tiene estatus consultivo con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
El IPI abarca el mundo entero y está constituido por unos 2000 redactores y editores, directivos de medios de comunicación y periodistas. El Instituto tiene su oficina central en Viena, pero en decenas de países hay comités nacionales del IPI que trabajan en defensa de la libertad de prensa.
