Una corte provincial de Colombia confirmó esta semana la condena de un periodista que fue sentenciado en Octubre a más de un año y medio de prisión.
Luis Agustín González, editor de Cundinamarca Democrática, había sido encontrado culpable de cometer los delitos de injuria y calumnia luego de publicar un artículo que criticaba a una ex gobernadora y ex senadora colombiana. Un juez municipal lo había condenado a 20 meses de cárcel y a pagar una multa equivalente a 20 salarios mínimos, aproximadamente 5.500 dólares.
El martes, el Tribunal Superior de Cundinamarca absolvió al periodista por el delito de calumnia, pero ratificó la condena por injuria. La corte también modificó levemente la sentencia, reduciendo el tiempo de prisión a 18 meses y 18 días y la multa a 17 salarios mínimos, reportaron los medios colombianos.
Según la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, el tribunal determinó que aunque González no había acusado de un crimen específico a Leonor Serrano de Camargo, el periodista “lesionó su integridad moral”.
Nora Sanín, presidente de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, dijo que la decisión del miércoles implica “casi configurar el delito de opinión”.
“Mientras todo el continente habla del juicio contra los periodistas de El Universo de Ecuador, acá nos pasan cosas peores y ni nos damos cuenta. Están pisoteando los derechos de un ciudadano humilde como soy yo”, dijo el periodista a medios locales después del veredicto.
El presidente Ecuatoriano Rafael Correa indultó el lunes a los sentenciados en dos casos de injuria de alto perfil, como reportó el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés). En uno de ellos, el periódico El Universo había sido multado con 40 millones de dólares, así como sus tres directores y un columnista fueron condenados a tres años de cárcel por una columna que criticaba al mandatario izquierdista.
El gerente de Libertad de Prensa del IPI, Anthony Mills, aseveró que la sentencia en contra de González “es otro ejemplo de cómo los políticos en América Latina están abusando de las leyes que penalizan la difamación, en función de silenciar a los medios críticos”.
Mills agregó: “Aunque acogemos con satisfacción la decisión del tribunal de absolver a González por los cargos de calumnia, su negativa a anular la condena por difamación constituye un duro golpe a la libertad de expresión en Colombia. Los periodistas deberían tener el derecho a supervisar y criticar a las figuras públicas”.
El caso en contra de González se inició con la publicación del editorial ¡No Más!, en 2008. En ella, el periodista había degradado la candidatura al Senado de Camargo, una ex gobernadora que ya había sido senadora previamente entre 2002 y 2006.
En su artículo, Rodríguez calificó a Camargo como una politiquera que había gobernado la provincia con “arrogancia” y “despotismo”. Acusó a la ex gobernadora de mal manejo de los fondos públicos (en un caso, provocado por lo que él llamó “un arranque demente e irresponsable” sobre sus oponentes políticos) y, más gravemente, llamó la atención sobre una serie de desapariciones que ocurrieron en el pueblo de Fusagasugá en 1989 mientras Camargo fue la alcaldesa.
“Ya es hora de que hagamos un alto en el camino y, por fin, pongamos fin a esta clase de gamonales que creen que Fusagasugá es un hato privado y que como tal pueden manejarlo a su antojo, apartándose de los intereses colectivos de la comunidad”, escribió González.
En respuesta a la columna, Camargo, quien perdió en 2010 las elecciones para el Senado, demandó a González, con el argumento de que el periodista había ofendido su honor y reputación.
Luego del fallo del Tribunal Superior, González dijo que no sería capaz de pagar la multa y que apelaría el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
En un reporte reciente, la FLIP expresó su preocupación por el estado de la libertad de prensa en Colombia, destacando que “la sensación de miedo entre los medios locales es evidente”. La investigación encontró que los periodistas que trabajan en medios locales continúan negándose a cubrir la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción política por miedo la retaliación violenta.
Una investigación especial que publicó el mes pasado el IPI encontró que los periodistas regionales se llevan la peor parte en medio de la creciente crisis de la libertad de prensa en América Latina.
