El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) expresó el lunes sus serias preocupaciones por el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador, luego de haber desarrollado una misión de libertad de prensa en el país, entre el 7 y el 11 de mayo.
Durante la misión, el Subdirector interino del IPI, Anthony Mills, y la Asesora de Libertad de Prensa para América Latina y el Caribe, Mariela Hoyer, se reunieron con el Vicepresidente de la República, Lenin Moreno, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y la Ministra de Justicia, Johana Pesántez, así como con una amplia representación de dueños de medios de comunicación, editores, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y políticos. IPI visitó tanto Quito, la capital, como Guayaquil, en la provincia de Guayas.
A pesar de que el gobierno negó que la libertad de prensa esté bajo ataque en Ecuador, surgió un panorama inquietante de los medios de comunicación independientes, sacudidos por una serie de casos de difamación de alto perfil interpuestos por el presidente Rafael Correa. También hubo un clima general de hostilidad hacia los medios, ejemplificados por graffitis despectivos alrededor de la capital, Quito, que señalan a dos periódicos críticos en particular: El Universo y El Comercio. Periodistas, editores y dueños de medios hablaron de un clima de miedo.
Las personas relacionadas con los medios de comunicación con las que el IPI se reunió, expresaron profunda preocupación por la serie de demandas penales por difamación contra personalidades críticas de los medios en Ecuador, incluyendo una que daba como resultado penas de prisión y una multa por 40 millones de dólares para tres directivos de un periódico y un ex columnista; así como otra en la que se ordenó a dos periodistas compensar al Presidente con 1 millón de dólares por haberlo difamado en un libro que escribieron. A pesar de que los acusados fueron finalmente indultados por el Presidente, los casos han tenido un efecto inhibitorio en la prensa. Editores y periodistas dijeron al IPI que ahora están recurriendo a la autocensura.
En una conferencia de prensa con el IPI, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, anunció que el gobierno estaba buscando despenalizar la difamación. En una reunión subsecuente, no obstante, la Ministra de Justicia, Johana Pesántez, dijo que pese a los esfuerzos actuales para reformar el Código Penal, la difamación penal se mantendrá en los libros. Pesántez dijo también que las reformas incluirán legislación que forzaría a los periodistas a identificar sus fuentes si éstas fueran acusadas de difamar a alguien.
El Subdirector interino del IPI, Anthony Mills, dijo: “El IPI recibe con agrado la decisión de despenalizar la difamación de una figura pública, particularmente en el contexto de las demandas recientes de alto perfil presentadas por el Presidente contra periodistas. Sin embargo, seguimos preocupados por la intención de incluir en cualquier legislación nueva más leyes de difamación penal generales, y por los indicios de que la confidencialidad de las fuentes pudiera verse comprometida”.
La Directora Ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie, agregó: “También estamos perturbados por el clima de hostilidad que apunta contra los medios privados, particularmente El Comercio y El Universo. Instamos a las autoridades a reconocer que los medios críticos, que llevan a cabo una función de perro guardián, son un pilar fundamental de cualquier democracia, y que los periodistas deben tener el derecho a trabajar independientemente y sin miedo”.
El IPI emitirá el mes que viene un reporte sobre los hallazgos de la misión.
