Brasil está brillando. El país Latinoamericano más grande y poblado recientemente sobrepasó al Reino Unido para convertirse en la sexta economía mundial. Además, se prevé que suba una posición más para finales de 2012.
La producción petrolera se ha disparado, mientras la pobreza ha tocado su nivel más bajo en la historia. El país va a ser anfitrión del Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas de 2016. Y la “B” del poderoso grupo BRIC de países en desarrollo está haciendo lobby para un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero aunque el mundo celebra el indiscutible ascenso de Brasil, está pasando desapercibida una creciente ola de violencia en contra de los periodistas que trabajan en el extenso interior del país y en las regiones fronterizas, donde los efectos del rápido desarrollo y la democratización todavía no se han hecho sentir completamente.
Mientras el deterioro de la libertad de prensa en México y Ecuador han dominado recientemente los titulares, Brasil fue testigo de la muerte de 5 periodistas en 2011. Ese año registró su total más alto de muertes de trabajadores de los medios de comunicación desde que el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), comenzó a contar los asesinatos de los trabajadores de los medios a través de su Death Watch en 1997. El total de 2011 es igual a la suma de los tres años previos y todos –excepto uno de los asesinatos- ocurrieron afuera de las grandes áreas urbanas.
La tendencia preocupante ha continuado en 2012. El mes pasado, Mário Randolfo Marques Lopes, editor al interior del estado de Río de Janeiro, fue secuestrado y ejecutado con su novia. Sólo 5 días después, motorizados asesinaron a Paulo Rocaro, periodista y dueño de un periódico en un pueblo pequeño en Mato Grosso do Sul, en la volátil frontera con Paraguay.
Las muertes de Lopes y Rocaro, ambas ocurridas en ciudades con una población menor a 100.000 habitantes, ilustran la situación actual de la libertad de prensa en Brasil: Mientras el sector de los medios de comunicación en las metrópolis globalizadas parece cada vez más saludable, los periodistas que trabajan lejos de los centros del poder federal continúan siendo blancos de los carteles de droga, poderosos políticos locales y otros que temen las consecuencias del periodismo de investigación.
“En general, Brasil hoy goza de plena libertad de prensa”, dijo al IPI Eduardo Ribeiro, director de Jornalistas&Cia, una publicación nacional para periodistas profesionales. Los ataques contra periodistas que, sin embargo ocurren, “se localizan, en general, en regiones alejadas de los grandes centros, donde las balas hablan más alto que el diálogo”, explicó
Suzana Blass, presidenta del Sindicato de Periodistas del Municipio Río de Janeiro y editora de investigaciones de O Dia, puntualizó la situación que mencionó Ribeiro:“No tenemos ningún problema con la libertad de prensa aquí, en Río. Podemos hacer nuestro trabajo”, enfatizó. Sin embargo, agregó: “en las zonas rurales, tenemos otra situación”.
La idea de que la seguridad de los periodistas en Brasil varía considerablemente dependiendo de la ubicación geográfica, es respaldada por estadísticas del estado de Sao Paulo, que ocupa un área ligeramente superior a la de Gran Bretaña en el sudeste del país. Según el Death Watch del IPI, Sao Paulo es el estado brasileño más mortal para los trabajadores de los medios de comunicación, con 6 periodistas asesinados en los últimos 10 años, incluyendo a Marques Lopes en febrero de este año. A pesar de que la ciudad de Sao Paulo reúne la mitad (20 millones aproximadamente) de la población del estado, sólo 1 de estas muertes ocurrió en la capital.
A lo largo de este año, IPI ha registrado 25 violaciones a la libertad de prensa en Brasil. De ellas, 18 han ocurrido en el interior del país. Tomando en cuenta sólo las amenazas o agresiones físicas, la proporción aumenta a 15 de 16. Los tres periodistas que han recibido amenazas de muerte en 2012 trabajaban en regiones del interior.
La directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie, exhortó al gobierno de Brasil a hacer frente a las aparentes discrepancias entre el compromiso público del país con la libertad de prensa y la situación real. “A pesar de que admiramos profundamente el rápido desarrollo de Brasil y reconocemos en general los avances en cuanto a la libertad de prensa, nos preocupa que los medios regionales del país están siendo dejados atrás”, dijo. “En las zonas fronterizas y del interior, donde el gobierno federal está ausente o débil, los periodistas están ubicándose en una posición cada vez más vulnerable”, agregó.
La violencia contra periodistas ocupa un lugar destacado en la periferia del país, donde una geografía difícil y enormes distancias mantienen a raya el poder del gobierno federal. El periodista de radio Valderlei Canuto Leandro, por ejemplo, fue abatido a tiros en septiembre del año pasado en Tabatinga, un asentamiento amazónico situado en la triple frontera con Colombia y Perú conocido por ser aparentemente un punto de entrada de cocaína a Brasil.
Las consecuencias de la ausencia de autoridad federal pueden ser claramente observadas en el estado de Mato Grosso do Sul, al sudeste del país. Ahí, según el Death Watch del IPI, 3 periodistas han sido asesinados en la última década. En 2 de los casos, las muertes han ocurrido en municipios ubicados en la frontera con Paraguay, una zona sin ley y significativo punto de tránsito para el contrabando de armas y estupefacientes. El abandono oficial es tal, que incluso se sospecha que el grupo militante libanés Hezbollah usa el área como cuartel para sus supuestas operaciones de drogas en el hemisferio occidental.
Vanessa Amin, presidenta del Sindicato de Periodistas de Mato Grosso do Sul, dijo al IPI que la situación de la libertad de prensa en su estado sólo mejoraría “si las autoridades locales (y) nacionales unieran esfuerzos para establecer un mejor control, contando también con la ayuda del gobierno de Paraguay”.
Amin recientemente ayudó a organizar una audiencia pública en la asamblea legislativa de Mato Grosso do Sul sobre el tema de los crímenes contra periodistas. Según informó al IPI, autoridades judiciales y policiales que asistieron al evento expresaron su frustración por el efecto de la impunidad en la porosa frontera, al tiempo que los periodistas dijeron que la insuficiencia de equipos y personal han obstaculizado las investigaciones policiales sobre los delitos contra los medios.
Durante la audiencia, el fiscal de Amabami (cercano a Ponta Pora, donde Rocaro fue asesinado), recordó un caso de 2004 en el que el alcalde de Coronel Sapucaia fue arrestado por orquestar el asesinato del periodista Samuel Romã. El alcalde, sin embargo, recibió un habeus corpus y de inmediato huyó del país por la frontera con Paraguay. Amin indicó que el fiscal pidió establecer alianzas con el gobierno paraguayo “para prevenir que los criminales brasileños estén libres y vivan normalmente y felices en ese país”.
Amin dijo que en su intervención ante la asamblea, enfatizó que las causas de la violencia contra los medios en Mato Grosso do Sul son, en definitiva, las mismos que aquellas a nivel nacional. Estas son, según la presidenta de la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil, Judith Brito, la cobertura de las actividades del crimen organizado o corrupción a nivel municipal.
La afirmación de Brito parece estar respaldada por las estadísticas del IPI. De los 7 periodistas asesinados en Brasil desde enero de 2011, 6 eran periodistas regionales bien conocidos por su cobertura de la corrupción o su crítica a las autoridades locales. El séptimo periodista, el fotógrafo Gelson Domingues, murió en la línea de fuego durante una operación policial en contra del narcotráfico en Río de Janeiro.
Blass, la presidenta del Sindicato de Periodistas del Municipio Río de Janeiro, dijo al IPI que las licencias de radio y televisión en las zonas rurales generalmente se otorgaban solamente a familias selectas y políticos, quienes –a su juicio- “están acostumbrados a obtener y mantener su poder”. Haciéndose eco de los comentarios de Ribeiro sobre el lenguaje de las balas, agregó: “en lugares donde la cultura de la violencia gana, no tenemos plena libertad de prensa”.
Amin, en Mato Grosso do Sul, expresó sentimientos similares, agregando que los dueños de periódicos que utilizan los medios para favorecer sus intereses políticos son parcialmente responsables de instigar las agresiones contra periodistas.
En sus reflexiones, tanto Blass como Amin señalaron el hecho de que muchos medios locales y regionales dependen de fondos públicos para sobrevivir. Estos arreglos, comunes en Latinoamérica, permiten a los funcionarios controlar los contenidos a través del otorgamiento de la publicidad oficial como premio o castigo.
Desde el punto de vista del IPI, el desafío que enfrentan los medios regionales en Brasil requiere el compromiso activo del gobierno nacional. En este sentido, fuentes como Ribeiro dicen que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parece estar mucho más interesada en el fortalecimiento y reforma de la prensa que su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a menudo tenía una turbulenta relación con la prensa.
En un discurso que dio el año pasado para celebrar los 90 años de Folha de Sao Paulo, el periódico más grande de Brasil en términos de circulación, Rousseff dijo que una prensa libre e investigativa es “indispensable” para la democracia. “Un gobierno debe ser capaz de convivir con sus críticos en los medios de comunicación”, afirmó.
A propósito de los comentarios de Rousseff, la directora del IPI, Bethel McKenzie, expresó: “Acogemos con satisfacción las palabras positivas de la presidenta sobre la libertad de prensa, pero esperamos que las respalde con acciones concretas, no sólo en los centros urbanos más visibles de Brasil, sino también en el interior del país y las zonas fronterizas, donde la situación de los periodistas puede ser ignorada demasiado fácilmente”.
Bethel McKenzie señaló que a pesar de que la administración de Rousseff incuestionablemente ha tomado acciones para combatir la ausencia de ley en las fronteras de Brasil, -aparentemente gastando más de 4.5 mil millones de euros en su Sistema de Monitoreo de la Frontera- el gobierno necesita tomar más acciones específicas para mejorar la seguridad de los periodistas, incluyendo la lucha contra los altos niveles de impunidad en los casos de crímenes contra periodistas.
El IPI considera que un paso en la dirección correcta podría venir en la forma del proyecto de ley 1078/2011, que el congreso brasileño está evaluando y que permitiría que los crímenes contra periodistas sean procesados a nivel federal.
El proyecto de ley está siendo promovido en el congreso por Protógenes Quiroz, un ex oficial federal de la policía, bien conocido por sus investigaciones de corrupción de alto perfil. Según el Sindicato de Periodistas de Río, el cual está apoyando la medida, Quiroz ha dicho que el proyecto podría fomentar mayor independencia en la investigación y juicios de crímenes contra periodistas sin comprometer las estructuras locales.
Ribeiro, de Jornalistas&Cia, dijo al IPI que el garantizar que aquellos involucrados en crímenes contra periodistas paguen las consecuencias de sus actos, requiere cambios radicales en el sistema judicial de Brasil. La impunidad, dijo, es mucho más fruto de la situación de la justicia brasilera, que favorece indudablemente a los más ricos y poderosos, que de una posible orquestación a favor o en contra de alguien”.No obstante, agregó, el poder del dinero para influenciar decisiones judiciales ha ido menguando poco a poco, en parte debido al trabajo investigativo de los medios de comunicación.
Mientras tanto, un ciclo de agresiones y autocensura se ha engranado en la frontera brasileña. Amin dijo: “Sabemos que puede haber muchos más hechos que involucren violencia en contra de periodistas, pero quedan en silencio”.
Ese silencio, sin embargo, ha tenido consecuencias de largo alcance para Brasil, y amenaza el éxito de Brasil en promover la transparencia y rendición de cuentas. Los periodistas frecuentemente son los principales (y únicos) baluartes en la lucha contra la corrupción a nivel municipal.
IPI considera que un Brasil en el que dos realidades diferentes existen –la del centro y la periferia- no puede mantener los tremendos avances que han ganado la atención mundial. El progreso sostenido requiere tener una sociedad plena e igualitariamente informada, algo que sólo puede ocurrir si el gobierno se compromete a defender el derecho de los medios de comunicación de actuar como mensajeros de la población en cada estado y municipalidad.
