Venezuela se encuentra en medio de una de las peores crisis económicas del mundo moderno. Muy pocos tienen los recursos para permanecer en un país caracterizado por hiperinflación y escasez. Al menos 5.1 millones de los venezolanos, o diez por ciento de la población, han emigrado.
El desplome del estándar de vida, empeorado por la pandemia, representa solo uno de los obstáculos para la prensa venezolana. La escasez de gasolina, por ejemplo, impide que los periodistas puedan trasladarse a los sitios del reportaje.
El país también sufre de escasez de periódicos impresos. Considerando la censura y estigmatización constante de la prensa por parte del gobierno de Maduro, no es sorprendente que el número de periódicos haya disminuido a un tercio de lo que era hace siete años.
La periodista e investigadora para el portal de noticias Prodavinci, Mariengracia Chirinos, le ha dicho al IPS que en el 2013 existían 116 periódicos impresos en Venezuela. Hoy sólo quedan 22. “Esto quiere decir que aproximadamente 6% de la población venezolana tiene acceso a los periódicos. La mayoría reciben noticias a través de encuentros cara a cara, lo cual es preocupante, o plataformas digitales,” dijo.
Las plataformas digitales también se han visto afectadas por la situación económica. Chirinos explicó que “debido a la baja velocidad del internet en Venezuela de solo 3.90 megabits por segundo, el racionamiento de la electricidad, y los apagones, es muy difícil para los medios de comunicaciones poder trabajar en tales condiciones”.
RESTRICCIONES DE LOS MEDIOS
Además de los obstáculos económicos, el gobierno actual también ha tomado medidas para restringir el acceso a portales digitales.
Según el proyecto VE Sin Filtro, este año el proveedor de internet estatal CANTV ha bloqueado portales que publican información sobre la pandemia. El proveedor también bloqueó la página del periodico Punto de Corte tras una publicación que criticaba las condiciones de trabajo en CANTV. En enero, bloqueó temporalmente las redes sociales Youtube, Wikipedia, Twitter, e Instagram.
Sin embargo, las restricciones mediáticas no se limitan a bloqueos. Daniela Alvarado Mejia del Instituto de la Prensa y Sociedad (IPYS) le comentó a IPI: “Durante la pandemia los agravios a la libertad de prensa continúan, e incluso han cobrado mayor fuerza debido a la ejecución de las 43 detenciones arbitrarias. Nuestros registros demuestran que hasta el 30 de agosto de 2020 han ocurrido 275 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela”.
“Es importante tener en cuenta que estas restricciones ocurren en un contexto donde los apagones y fallas de servicios de telecomunicaciones son cada vez más frecuentes, y también dificultan el ejercicio pleno del periodismo en el país” agregó.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y LA LEY CONTRA EL ODIO
Una de las detenciones arbitrarias durante la pandemia que más destaca es la del periodista Darvinson Rojas, quien fue arrestado tras publicar un tuit donde presentó tasas de infección de COVID-19 más alta que los de fuentes gubernamentales.
“El Periodista Darvinson Rojas fue injustamente imputado por los delitos de instigación al odio e instigación pública en medio de una audiencia clandestina realizada el 23 de marzo” dijo Mejia. “Ese día el Ministerio Público asignó un abogado defensor a pesar de que Rojas ya contaba con uno que llevaría el caso. Ni familiares ni la defensa fueron notificados de la ejecución de tal audiencia a pesar de haber estado presentes durante todo el día en la sede de los tribunales”.
En julio, el periodista y director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, fue detenido durante más de 90 horas tras publicar un tuit donde se refería a los políticos contagiados de COVID-19. El también fue imputado por ‘instigación al odio’, un crimen detallado en el artículo 20 de ‘La Ley Contra el Odio’.
La “Ley Contra el Odio” de Venezuela ha resultado en el arresto de no solo Evans y Rojas pero también de estudiantes, bomberos, y trabajadores de transporte este año.
Igual que otras leyes nacionales que criminalizan el odio, como el artículo 285 del Código Penal, la Ley Contra el Odio prohíbe la propagación de mensajes que instigan la violencia, intolerancia, o discriminacion. A diferencia de otras leyes, la Ley Contra el Odio registra pena de cárcel de hasta 20 años y fue establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue creada inconstitucionalmente en 2017.
Mejia confirmó que la ley “fue impuesta de manera ilegal” y es un “instrumento que se ha aplicado a cualquier persona que emita una opinión disidente a la del gobierno. Se ha utilizado principalmente para fomentar la censura y autocensura, cercenando los principios democráticos de la libertad de expresión y extendiendo a las redes sociales el asedio contra la prensa libre e independiente”.
“Pero este patrón de silenciamiento mediante el uso de instrumentos legales no es nuevo” remarcó Mejias. “La base de datos de IPYS Venezuela constata que a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el gobierno ha censurado más de 100 medios nacionales de radio y televisión, de zonas urbanas y rurales, incumpliendo con los parámetros legales establecidos tanto en la legislación nacional como en las normas internacionales, y limitando el acceso de los venezolanos a contenidos críticos, plurales y diversos.
Chirinos también observó que el uso de mecanismos penales, incluyendo acusaciones de difamación o calumnias, para controlar los periodistas se ha vuelto cada vez más popular con el gobierno.
INTIMIDACIÓN Y AUTOCENSURA
Este paradigma de hostigamiento y castigo legal por ejercer el periodismo hace que los periodistas eviten la cobertura de temas críticos o políticos por temor a las consecuencias, dice Chirinos.
Las represalias del periodismo en Venezuela pueden ser fatales. Hace un mes, dos periodistas fueron asesinados por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela, en la estación de radio donde trabajaban.
Asimismo, los Cuerpos de Seguridad del Estado hostigan e intimidan a los periodistas de manera regular. “Estos funcionarios son quienes impiden la cobertura informativa de los reporteros, mediante agresiones físicas y verbales, impedimentos de acceso a lugares y detenciones arbitrarias”, dijo Mejia. “Según nuestros registros, hasta julio de este año hemos contabilizado 230 violaciones por agresiones y ataques contra periodistas y medios, 82 por abuso de poder estatal, 43 por limitaciones de acceso a la información pública, y 20 por acciones legales y administrativas, entre otras”.
Como resultado son cada vez más los periodistas que deciden no publicar opiniones e informaciones sobre temas de relevancia social por temor a represalias.
Mejia concluye: “Ante la posibilidad de ser perseguidos, detenidos e imputados por un delito, prefieren abstenerse de difundir contenidos que puedan exponerlos a ellos mismos como a sus familiares”.
