Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y publicado hoy por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ofrece por primera vez un análisis pormenorizado de las indemnizaciones dictaminadas en España contra medios de comunicación en juicios civiles por difamación.
Manuel Sánchez Diego Fernández de la Riva e Isabel Serrano Maíllo, ambos doctores y profesores de derecho constitucional, han analizado cerca de 300 sentencias fruto de demandas interpuestas contra medios de comunicación por atentar contra el derecho al honor de las personas.
El estudio enumera los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España en sus dictámenes en casos donde la libertad de expresión y el derecho al honor y la reputación entran en conflicto. Además, el informe incluye los estándares que deben regular un periodismo veraz, el uso de declaraciones de terceras personas, el derecho al insulto, y las responsabilidades jurídicas de directores y dueños de medios de comunicación.
Según los datos que ha analizado el estudio, las indemnizaciones en casos de vulneración del derecho al honor en España oscilan entre los 600 € y los 125.000 €, mientras que la media se sitúa en 24.580 €. Además, los autores apuntan que las compensaciones económicas que los demandantes reclaman inicialmente son frecuentemente más elevadas (hasta las 600.000 €) que la cuantía que finalmente se les concede.
Estos datos sugieren que los tribunales españoles suelen otorgar una indemnización media más alta que sus homónimos del norte y centro de Europa, tal y como ya había concluido el IPI en un estudio anterior. Sin embargo, dicha media se mantiene muy por debajo de las indemnizaciones que se otorgan en Irlanda y, en menor medida, en el Reino Unido.
La investigación también analiza el impacto potencial en la viabilidad económica de los medios de información el tener que pagar una indemnización muy elevada. En este sentido, los autores comentan que “es difícil precisar cuál va a ser la evolución de la jurisprudencia en este tema. La mejoría de la economía favorecería el aumento de las indemnizaciones, pero el salario medio de los trabajadores en España es muy inferior a las indemnizaciones de 30.000 € a 60.000 €, por ello los jueces y tribunales deberían ajustarse a la idea de que las indemnizaciones por daños morales no deberían ser un medio para un enriquecimiento injusto.”
Este informe forma parte del análisis y monitoreo continuo que realiza el IPI sobre las cuantías de las indemnizaciones en casos de injuria, calumnia y difamación en Europa. Mientras que el IPI generalmente defiende la litigación civil de los casos de difamación en vez de su criminalización, también considera que imponer sentencias con indemnizaciones excesivamente elevadas supone un peligro igual de serio para la libertad de expresión que la amenaza de prisión.
