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Los medios de comunicación La Directa (Barcelona), Diagonal (Madrid) y Ahötsa (Navarra) se personarán como acusación particular en calidad de “víctimas potenciales de una violación de derechos humanos” en la primera demanda que se interpone contra la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
El anuncio se hizo público este pasado martes, 15 de diciembre, y nace de la iniciativa de una coalición de organizaciones de defensa de los derechos civiles que busca “una pronunciación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la vulneración del derecho a la libertad de información que supone la ‘Ley Mordaza’”, tal y como explica la abogada de Defender a Quien Defiende, Anaïs Franquesa.
En concreto, la triple demanda se fundamenta en el redactado ambiguo del artículo 36.23 de la ley que prevé una serie de sanciones administrativas (que pueden llegar hasta los 30.000 Euros) contra “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
Según Anaïs Franquesa, el redactado de la ley es tan “amplio que no queda claro si por ‘uso’ lo que prohíbe es la captación, reproducción o la posterior publicación”. “Además”, continúa la abogada “cuando habla de ‘no autorizado’, no queda claro quién debe autorizar el uso de las imágenes o en qué momento”. En este sentido, según la abogada, la ley vulnera los artículos 10 y 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, un documento ratificado el propio gobierno español.
Esta ambigüedad en el redactado de la Ley de Seguridad Ciudadana hace que “exista el riesgo de que las autoridades puedan hacer un uso arbitrario de la misma traduciéndose en un efecto intimidatorio contra los periodistas a la hora de ejercer su trabajo en la cobertura de manifestaciones u otros eventos”, apunta Scott Griffen, director de programas de libertad de prensa en el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ubicado en Viena, Austria.
El IPI ya denunció el redactado excesivamente laxo y abierto a múltiples interpretaciones de dicha ley cuyo efecto más inmediato puede ser la autocensura de algunos periodistas. En la última misión internacional de alto nivel que el IPI llevó a cabo en España junto a la Plataforma en Defensa de la Liberta de Información (PDLI) y otras dos organizaciones internacionales, se urgió al Gobierno de España a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana ya que podía poner en riesgo el libre flujo de información en el país.
Por su lado, Yolanda Quintana, la directora de la PDLI asegura “que la demanda interpuesta por tres medios contra la ‘Ley Mordaza’, al margen de su recorrido jurídico, sirve para poner en evidencia, por un lado, la capacidad efectiva del poder político de censurar a la prensa en informaciones relativas a actuaciones policiales, tal como quedó redactada esa ley. Se nos dijo que sería “con respeto al derecho a la información”, pero ya vemos que no es así. Y, por otro, quiere recordar la necesidad de que sean los jueces y no instancias políticas o administrativas quienes, en todo caso, diriman los conflictos en un supuesto caso de colisión de derechos fundamentales”.
“Una vez más, recordamos a las autoridades y al próximo Gobierno que deben derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de los entes públicos de información como garantías de la libertad de prensa y del derecho al acceso a la información en España”, concluye Scott Griffen.
Información relacionada:
España: Los partidos políticos deben reforzar la libertad de expresión (IPI y colaboradores, noviembre de 2015)
Informes de las misiones especiales:
España: La libertad de prensa en un momento de cambio (noviembre 2015)
El estado de la libertad de prensa en España: 2015 (IPI y colaboradores, marzo 2015)
Otras fuentes:
Balancing Act: Press freedom at risk as EU struggles to match action with values (Informe especial de CPJ, septiembre de 2015)
Límites y amenzas al ejercicio de libertades de expresión e información en España (PDLI, marzo de 2015)
