Virginia Pérez Alonso, directora de Público y expresidenta de la Plataforma por la Libertad de Información, analiza en una entrevista con el International Press Institute (IPI) el plan de Regeneración Democrática anunciado por el Gobierno de España. Impulsado a raíz de una polémica suscitada por informaciones falsas sobre la esposa del Presidente Pedro Sánchez, el plan pretende mejorar la transparencia de los medios de comunicación y las garantías jurídicas a favor los periodistas, según el Gobierno español.

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¿Cómo surgió la idea de un plan de Regeneración Democrática, en relación con el actual ecosistema mediático español? ¿Qué factores han llevado al Gobierno a tomar medidas contra lo que el primer ministro ha calificado de “bulos” y “pseudo-periodismo”?

Todo surge a raíz de un proceso judicial que se abre contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción. La denuncia contra su mujer está basada en informaciones publicadas en medios de línea conservadora, pero algunas de ellas son falsas.

Una de ellas, por ejemplo, afirmaba que su esposa había recibido una subvención de la que el Gobierno había ocultado datos; sin embargo, esa subvención la había recibido alguien con el mismo nombre y apellidos que la mujer del presidente, pero el número del documento de identidad era diferente. Es decir, que ese “medio” había confundido a una señora con la esposa del presidente del Gobierno.

A pesar de que diversos medios de comunicación se hicieron eco de que esa noticia era falsa, el juez admitió a trámite la demanda, interpuesta por una organización cercana a la extrema derecha¹ que se dedica a los litigios estratégicos -en muchas ocasiones con un fondo ideológico-, a los que se da difusión a través de medios de comunicación afines. La esposa del presidente había sido anteriormente objeto de rumores difamatorios y falsedades para manchar su reputación, como por ejemplo que es una persona transgénero.

Es a raíz de estos episodios que el presidente del Gobierno anuncia ese plan de regeneración democrática, llamado finalmente Plan de Acción Democrática. Llama la atención que la iniciativa llegue directamente relacionada con el caso de su esposa y no vinculada a las numerosas amenazas a la libertad de información y de expresión que se registran en España desde hace años.

Uno de los puntos clave del plan es la creación de un registro de medios de comunicación controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. En tu opinión, ¿cómo está afectando actualmente esta ley a los medios de comunicación en España? ¿Cuáles son las especificidades del panorama mediático español, en términos de propiedad y transparencia en la asignación de fondos? ¿Consideras que estas medidas propuestas reforzarán la transparencia y la pluralidad, como pretende el Gobierno?

Uno de los principales problemas es que las instituciones públicas actúan bajo el principio de transparencia cero cuando se trata de informar acerca de la publicidad institucional. Eso impide que los medios (y los ciudadanos) podamos verificar si esta se otorga de acuerdo a los “criterios objetivos” que marca la ley.

Esos “criterios objetivos” no están definidos, por lo que, en la mayoría de los casos, la publicidad se otorga en función de las cifras de audiencia de cada medio, sin tener en cuenta otros parámetros, como podrían ser el cumplimiento de las leyes por parte de los medios beneficiarios (ley de igualdad, por ejemplo) o el tiempo de permanencia en el medio (fidelidad de la audiencia).

La Ley de Publicidad Institucional regula la actividad del Gobierno en esa materia, pero en España hay muchos otros organismos públicos (comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas…) sobre los cuales pesa la sospecha de que la utilizan de manera discrecional. Hoy por hoy es imposible conocer de forma transparente el uso que todos estos organismos hacen de la publicidad institucional.

“Todo lo que se avance en transparencia será positivo para los medios y para la ciudadanía.”

Virgina Pérez Alonso – Público & Plataforma por la Libertad de Información

Por otro lado, la gestión de este dinero público acaba en manos de las llamadas agencias de medios, intermediarios privados que, en función de los rankings de audiencia, deciden a través de qué canales se van a difundir distintas campañas publicitarias, sean públicas o privadas.

Los rankings de audiencia también los elaboran empresas privadas a las que los medios tienen que pagar para poder tener acceso a sus datos. Se da, además, la circunstancia de que buena parte del contenido de algunos de los medios que figuran en los primeros puestos de esos rankings no tienen nada que ver con la actualidad informativa; son contenidos hechos estrictamente para posicionar en Google.

Sin embargo, cuando se realizan encuestas y se pregunta a los ciudadanos por los medios que han leído recientemente, esos rankings cambian sustancialmente y los medios que figuran en el top de los listados de audiencia pasan a ocupar posiciones muy inferiores.

El Plan anunciado por el Gobierno es muy genérico, se trata de un punto de partida que hay que desarrollar a lo largo de la legislatura. Pero una de las medidas que anuncian es la obligatoriedad de rendición de cuentas de los organismos públicos respecto a la publicidad institucional cada seis meses.

Creo que todo lo que se avance en transparencia será positivo para los medios y para la ciudadanía. En mi opinión, el registro de medios es necesario para evitar que cualquiera que monte una web la pueda hacer pasar por un medio de comunicación. Y, en principio, no veo ninguna que ataque a la pluralidad mediática siempre y cuando en su desarrollo se garantice la libertad periodística, gobierne quien gobierne.

El plan menciona también la reforma de la “Ley Mordaza”, en particular el artículo sobre la difusión de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en el pasado ha dado lugar a numerosas sanciones a profesionales de la información. ¿Crees que esto contribuirá efectivamente a mejorar las garantías de protección para los periodistas que cubren manifestaciones y otros acontecimientos políticos?

A mi juicio, esa medida es puro maquillaje, dado que el grueso de las sanciones por la “ley Mordaza” a ciudadanos y periodistas se imponen por las llamadas “faltas de respeto” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 37.4) y “desobediencia a la autoridad” (artículo 36.6), dos preceptos demasiado ambiguos.

“El simple hecho de que las injurias y las calumnias estén recogidas en el Código Penal […] es ya una amenaza clara a la libertad de expresión y de información. Y en las medidas anunciadas por el Gobierno esto no está incluido.”

Virgina Pérez Alonso – Público & Plataforma por la Libertad de Información

Además, en relación al artículo 36.23, el Tribunal Constitucional ya determinó a través de dos sentencias que la mera captación de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nunca podría ser sancionable. Y que, para que sea sancionable su difusión, el peligro que genere debe ser próximo y concreto, no basta con que sea abstracto o remoto.

En todo caso, el Constitucional afirma que se debe ponderar en cada caso si las imágenes o los datos difundidos pertenecen a la vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o agentes; y examinar qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o datos.

Es decir, que modificar la “ley Mordaza” en ese punto no mejorará de forma sustancial la protección de los periodistas, porque en ningún caso se plantea eliminar los dos artículos mencionados. Por otro lado, tampoco se modifica el ‘principio de veracidad’ de la Policía ni se propone una regulación para que los rótulos de los uniformes policiales incluyan de forma clara y visible la identificación de los agentes, por lo que continúa la impunidad de estos ante agresiones a periodistas. 

Al parecer, el gobierno también se plantea introducir cambios en la ley preconstitucional de secretos oficiales, reformar la ley sobre el derecho al honor y a la intimidad, y modificar el Código Penal para tratar los delitos contra la libertad de expresión – pero sin especificar todavía si los cambios incluirán el artículo relativo a injurias contra la Corona. ¿Cómo afectan a tu trabajo estas disposiciones vigentes, si es que lo hacen? ¿Qué impacto crees que tendrá el plan sobre las SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública) en España?

Es necesario esperar al desarrollo de las medidas para poder entender su verdadero alcance, pero el hecho de anunciar cambios en la ley de secretos oficiales ya es una buena noticia, porque los sucesivos gobiernos democráticos han utilizado (y siguen utilizando) esta ley para ocultar información que es relevante para la ciudadanía.

En cuanto a los llamados “delitos contra el honor”, el simple hecho de que las injurias y las calumnias estén recogidas en el Código Penal y no sean tramitadas por la vía del derecho civil -como reclama desde 2011 el Comité de Derechos Humanos de la ONU- es ya una amenaza clara a la libertad de expresión y de información. Y en las medidas anunciadas por el Gobierno esto no está incluido, a pesar de que el temor a un proceso y a una condena penal puede producir un efecto desincentivador en muchos periodistas, lo que llamamos autocensura.

“Habrá que […] estar vigilantes con cualquier iniciativa que pueda terminar amenazando la libertad de información. En ningún caso sería admisible que el Gobierno fuera quien decidiera qué es información veraz y qué no lo es.”

Virgina Pérez Alonso – Público & Plataforma por la Libertad de Información

Las demandas contra medios e informadores en España por injurias y calumnias son, desgraciadamente, muy frecuentes. Y en numerosas ocasiones, estas acciones legales se emprenden con carácter meramente intimidatorio, dado que los demandantes (principalmente figuras públicas) suelen disponer de medios económicos y saben que para los medios y periodistas estos procesos con costosos, tanto financiera como reputacionalmente. 

Respecto a los ‘delitos de opinión’ (injurias y calumnias contra la Corona, las Cortes generales, los Parlamentos autonómicos, “ultrajes” a España y a distintas instituciones del Estado), estos representan una clara intimidación hacia quienes quieran difundir informaciones o simplemente expresar ideas, opiniones o pensamientos con relación a todas estas instituciones, dado que, además, incluyen penas más graves que las contempladas para los casos de injurias y calumnias cometidas por el común de los ciudadanos.

Estas figuras públicas, por su propia naturaleza, están sujetas a un mayor grado de escrutinio por parte de la ciudadanía, los periodistas y los medios de comunicación, por lo que resulta injustificable otorgarles un mayor grado de protección. Caso aparte es el delito de ofensa de los sentimientos religiosos, utilizado de forma sistemática por organizaciones ultracatólicas y de extrema derecha para amedrentar a artistas, sociedad civil y periodistas.

Sobre las SLAPP’s, lo único que anuncia el Gobierno es la transposición de la directiva europea, algo que está obligado a hacer. Una vez se haya transpuesto, esta supondrá un mayor grado de protección para los periodistas frente a los litigios estratégicos.

También se ha mencionado una reforma de la ley sobre el derecho de rectificación, para mejorar el sistema de rectificación de noticias “falsas o abiertamente tendenciosas”. ¿Cuáles son los riesgos de que el Gobierno de Sánchez se centre en defender la “información veraz” frente a la llamada “máquina del fango”?

Las medidas anunciadas son, de momento, una mera declaración de intenciones, un enunciado. Habrá que hacer un seguimiento de su desarrollo y estar vigilantes con cualquier iniciativa que pueda terminar amenazando la libertad de información. En ningún caso sería admisible que el Gobierno fuera quien decidiera qué es información veraz y qué no lo es. Esto debería recaer, en todo caso, en un organismo independiente que, hoy en día, no existe en España.

En general, ¿qué aspectos positivos y qué posibles obstáculos / consecuencias negativas ves en la aplicación de este plan para la libertad de prensa en España?

Como declaración de intenciones me parece que, en general, las propuestas del Gobierno van en la línea de salvaguardar la prensa independiente y la libertad de información. Sin embargo, la prensa conservadora va a poner todas las trabas posibles al desarrollo de estas medidas porque las consideran una injerencia en su libertad de acción y de empresa.

Por otro lado, los apoyos al Gobierno en el Parlamento no están garantizados, por lo que cualquier medida que tenga que pasar por el Congreso de los Diputados puede no salir adelante. Solo queda esperar y ver la evolución de lo anunciado. Y pedir al Gobierno que entable un diálogo con los medios de comunicación y organizaciones expertas en la defensa de la libertad de información.

De este proceso deben salir reforzados los medios independientes, la pluralidad informativa y el derecho a la información de los ciudadanos, con garantías de que seguirá siendo así gobierne quien gobierne.

1. ↩︎La organziación Manos Limpias está frecuentemente asociada con la extrema derecha debido a sus orígenes y actividades legales. Su fundador, Miguel Bernard, estuvo involucrado con el partido político de extrema derecha Frente Nacional y tenía vínculos con el movimiento franquista. La organización ha sido criticada por promover una agenda de extrema derecha a través de acciones legales que en ocasiones carecían de pruebas. En 2016, Bernard fue condenado por extorsión, aunque luego fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto Media Freedom Rapid Response (MFRR), un mecanismo de ámbito europeo que rastrea, vigila y responde a las violaciones de la libertad de prensa y de los medios de comunicación en los Estados miembros de la UE y los países candidatos. El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea.