El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) muestra su rechazo frontal contra la resolución emitida por el gobierno de Ecuador de cerrar Fundamedios, organización que se dedica al monitoreo de las agresiones contra la libertad de prensa en el país latinoamericano desde hace más de 8 años.
La Secretaría de Comunicación del gobierno de Ecuador, la SECOM, el órgano oficial que regula los medios de comunicación, emitió la resolución el pasado 7 de septiembre conforme a la cual se iniciaba el proceso de disolución de Fudamedios por haber difundido “mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social cuyo ámbito de acción debería desenvolverse en relación a la comunicación social y al periodismo”.
“La orden de disolución de Fundamedios no sólo es una agresión directa a la libertad de expresión” asegura Barbara Trionfi, directora ejecutiva del IPI, “sino que representa un atentado contra una organización cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de aquellos que se ponen en riesgo para informar con libertad”.
Dichos “mensajes” se refieren a tweets de promoción de dos blogs de análisis político, así como menciones a Fundamedios por parte de terceros en esta red social, y por reproducir artículos de medios críticos con el gobierno, algo, que según mantiene el escrito de la SECOM, atenta contra la vigente normativa y el propio estatuto fundacional de la organización.
El dictamen de la SECOM incluye un plazo de diez días para presentar un recurso. Fundamedios ya ha confirmado que entregará dicho documento antes del próximo 16 septiembre a pesar del escepticismo del director ejecutivo de la organización, César Ricaurte, quien, en declaraciones al IPI, afirmó que este plazo “sólo sirve para guardar las formas, guardar las apariencias, para decir que nos han dado la oportunidad de defendernos porque la resolución está tomada”.
La decisión se enmarca en un contexto de conflictividad social que se ha cristalizado en numerosas manifestaciones en la calles de la principales ciudades de Ecuador en protesta por las políticas del presidente Rafael Correa.
Miembros de Fundamedios en las oficinas principales de la organización en la capital de Ecuador, Quito. Foto cedida/Fundamedios.
Según Ricaurte, dicha coincidencia en el tiempo no es baladí: “El objetivo que hay detrás de todo esto es que no exista una organización que denuncie las agresiones contra la prensa en el Ecuador, que no dé a conocer esta política [del gobierno] de constante acoso de la cual la SECOM es la ejecutora”.
Fundamedios se inauguró en 2008 y hasta la fecha han registrado 1.306 agresiones contra la prensa, en un país donde, según asegura Ricaurte, “lamentablemente, el principal agresor contra el periodismo ecuatoriano es el gobierno”.
En este sentido, Barbara Trionfi urge al ejecutivo de Ecuador a “anular de forma inmediata dicha resolución, ya que atenta contra la libertad de prensa en un país con un triste balance de agresiones contra ésta, uno de los derechos fundamentales más importantes para el crecimiento de una sociedad democrática saludable”.
Ahora por ahora, el futuro de los empleados que han trabajado durante años en esta organización es incierto, pero “encontraremos la forma de seguir monitoreando lo que pasa con las libertades en el Ecuador,” concluye César Ricaurta.
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