El próximo Gobierno español debería derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de la RTVE, según un informe elaborado por un grupo de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa que se ha publicado hoy.
El grupo pidió además a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales de diciembre que, de ser elegidos, implementen la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejoren la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisen que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del efecto disuasorio que pueda tener en la libertad de expresión.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Federación Europea de Periodistas (FEP, por sus siglas en inglés) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión(PDLI), con sede en Madrid, se unieron al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) en dichas recomendaciones.
Una misión integrada por representantes de alto nivel de las cuatro organizaciones se reunió en junio con miembros de los principales partidos políticos de España antes de las elecciones de este año. La visita se llevó a cabo tras la aprobación de una serie de medidas por parte del actual Gobierno español que los críticos creen que han puesto en peligro la libertad de expresión en el quinto estado más poblado de la Unión Europea.
Aunque destacando que los problemas de España deben ser analizados siempre en comparación con los estándares de sus vecinos europeos, el informe de la misión concluyó que las medidas, entre las que se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, duramente criticada, «albergan peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público».
Un resumen de la misión, elaborado por el IPI, señaló la sorpresa de la delegación internacional al descubrir la brecha entre el punto de vista del Partido Popular, actualmente en el Gobierno, sobre la situación en España de la libertad de expresión y el de los partidos políticos de la oposición, asociaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando Fraile, insistió en que el actual Gobierno «no había adoptado ninguna medida restrictiva en materia de libertad de expresión».
La Ley de Seguridad Pública, sin embargo, ha sido ampliamente criticada por sus posibles efectos negativos en la libertad de prensa, además de por la PDLI, por parte de todas las principales asociaciones de periodistas de España, el Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cinco relatores de derechos humanos de la ONU y los principales medios de comunicación internacionales.
Martha Steffens, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, dijo que el IPI valoraba positivamente que los partidos de la oposición que se reunieron con la delegación se hubiesen comprometido a tomar ciertas acciones en cuestiones clave como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la restauración de la independencia de RTVE.
Sin embargo, agregó: «Las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Los partidos políticos de todas las tendencias deberían implicarse en la protección de estos derechos. Pedimos encarecidamente al partido o partidos que acaben formando el próximo Gobierno español que tengan en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopten las recomendaciones de este informe».
En el informe se observa que las justificaciones que se ofrecieron a la misión sobre las controvertidas decisiones políticas del actual Gobierno a menudo servían para ocultar posibles efectos negativos de mayor gravedad para el libre flujo de información.
Por ejemplo, uno de los miembros del Partido Popular de la Comisión Parlamentaria Mixta que supervisa la corporación pública de radio y televisión española defendió el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente, alegando que el cambio se llevó a cabo por motivos de eficiencia. Tras dicho cambio, sin embargo, el canal ha sido constantemente acusado de parcialidad y manipulación de la cobertura informativa, lo que llevó a sus propios periodistas a presentar una denuncia ante el Parlamento Europeo en abril de 2015.
Del mismo modo, los funcionarios del Partido Popular destacaron que el uso de sanciones administrativas en lugar de penales en la Ley de Seguridad Pública era un ajuste positivo que demostraba la preocupación del Gobierno por la libertad de expresión. No obstante, expertos juristas nacionales e internacionales han señalado que este aspecto concreto de la ley es problemático ya que limita la supervisión judicial a la hora de imponer sanciones. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó explícitamente el «uso excesivo de sanciones administrativas [en la Ley de Seguridad Ciudadana], las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales».
Otro problema que recoge el informe del IPI es la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo, tal y como alertaba la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso tras su entrada en vigor: «Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso,» denunciaba, citando como ejemplo el caso de las filtraciones, que podrían ser calificadas de delito de terrorismo.
Tanto el partido del Gobierno como los diversos partidos de la oposición coincidieron en que RTVE, la corporación española de radio y televisión, estaba en crisis. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto a qué constituía esa crisis y cómo se había llegado a ella.
Los diputados del Partido Popular indicaron que los problemas de RTVE eran principalmente de naturaleza financiera y sugirió que los motivos se encontraban, en parte, en la prohibición de la publicidad que introdujo el anterior Gobierno socialista. Sin embargo, Germán Rodríguez Sánchez, portavoz del Partido Socialista en la Comisión, respondió: «Los problemas financieros no son la cuestión. La cuestión es la pérdida de imparcialidad y credibilidad».
El informe también insta al Gobierno español a crear un marco regulatorio para los medios comunitarios, como se requería en la ley aprobada en 2010. La inacción del Gobierno en este sentido está siendo en la actualidad objeto de litigio en el Tribunal Supremo español.
La mayoría de los principales partidos políticos de España, entre los que se encuentra Podemos, que actualmente no tiene representación en el Parlamento, accedieron a reunirse con la delegación a lo largo de los tres días que duró la visita en junio, la cual siguió a una misión de investigación que se realizó en diciembre de 2014 de la que se publicó un primer informe en marzo de 2015. Sin embargo, no estuvo disponible ningún funcionario de los ministerios de Justicia, Interior e Industria, ni tampoco de la oficina de la Vicepresidencia del Gobierno.
Además del resumen de la misión y de las recomendaciones conjuntas, el informe también incluye comentarios de expertos juristas independientes que se unieron a la misión, incluyendo a un ex Director de Política Editorial de la BBC. Ambos artículos se publicaron también por separado en julio de 2015.
