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El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), la red global de directores y periodistas de los principales medios de información, condena vehemente la oleada de detenciones de periodistas en Caracas e insta a las autoridades venezolanas a poner freno a esta deriva censora contra la prensa y que libere a los periodistas de forma inmediata.
La intensificación de la censura se ha cobrado hasta la fecha nueve detenciones de periodistas, tanto internacionales como locales, y numerosas agresiones contra profesionales que informan sobre el terreno de la situación política en la que Venezuela vive inmersa.
Según informan hoy diversos medios, la policía detuvo ayer a tres periodistas de la agencia española EFE. La detención de dos de ellos, el español Gonzalo Domínguez y la colombiana Maurén Barriga, se produjo en las oficinas del medio en Caracas. El tercero, el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, fue arrestado en su coche junto al conductor del vehículo, mientras se dirigían a cubrir las manifestaciones. Tan sólo 24 horas después las autoridades deportaron a Colombia a los tres periodistas.
“Dado el actual clima político y social, los venezolanos tienen el derecho, ahora más que nunca, a una información plural e independiente para decidir la suerte de su país”, asegura el director para la promoción de la libertad de prensa del IPI, Ravi R. Prasad. “Las detenciones de periodistas, a parte de ser un motivo de vergüenza en toda democracia que se precie, atentan contra la libertad de los ciudadanos a decidir el futuro de Venezuela de una forma independiente”.
Las detenciones de los periodistas de EFE se suman a la de los reporteros venezolanos Maikel Yriarte y Ana Rodríguez, de las televisiones TVV y VPI, dos periodistas franceses del canal TF1 – cuyo gobierno mantiene su identidad en el anonimato – y los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona de la TVN, quienes ya regresaron a su país.
Desde el estallido de la crisis política el pasado 23 de enero que ha puesto en solfa el régimen de Maduro, un total de 26 periodistas han sido agredidos en las manifestaciones y han desaparecido los equipos de ocho reporteros. Según informan varios medios, la presión que ejerce el gobierno sobre los medios locales ha derivado en autocensura. Hasta siete programas de radio que cubrían en vivo las manifestaciones han dejado de emitir.
