A un mes de que el periódico digital Salvadoreño El Faro publicara un reportaje que desató revuelo en el país e intensificó amenazas contra sus periodistas, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), pidió hoy al gobierno de El Salvador que tome medidas eficaces para proteger la libertad de prensa en el país.
El IPI está consternado por el hecho de que, cuatro semanas después de que se hicieron públicas las amenazas, y a pesar de que los riesgos se mantienen, las autoridades parecieran conformarse con declaraciones vagas en las que prometen que protegerán al personal de El Faro. En este tiempo ninguna acción concreta se ha tomado para garantizar la seguridad de los periodistas de este medio de comunicación.
El pasado 14 de marzo, El Faro publicó la investigación titulada Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios, en la cual informada sobre un presunto acuerdo en el que, a cambio del traslado de los líderes de las bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18 de prisiones de máxima seguridad a otros penales, la tasa de asesinatos se reduciría en el país.
Dos días después de la publicación del reportaje, el director y fundador de El Faro, Carlos Dada, informó a través de CNN y el diario El País que los trabajadores de El Faro corrían peligro. Declaró a los medios de comunicación y al IPI que el ministro de Justicia y Seguridad, David Murguía Payés, había dicho en una reunión con jefes de medios de comunicación que El Faro estaba en riesgo y que era necesario acordarse del destino de Christian Poveda, documentalista asesinado en septiembre de 2009. Fuentes de El Faro en los servicios de inteligencia también han advertido al medio sobre los riesgos que corren.
Dada contó al IPI que los periodistas de El Faro están en peligro desde mucho antes de la publicación del mes pasado. Fuentes de inteligencia les habían advertido que el Cartel de Texis podría hacerles daño a raíz de la investigación que publicaron en mayo de 2011 sobre esa organización, dedicada al narcotráfico y conformada por políticos, empresarios, jueces, policías, alcaldes y pandilleros. Desde la publicación de ese reportaje, periodistas de El Faro han sido vigilados y seguidos por desconocidos que también les han tomado fotos, con la intención aparente de descubrir sus fuentes.
Cuando el 17 de marzo el ministro Murguía llamó a Dada para decirle que los líderes de las pandillas estaban molestos con la publicación y tenían pensado hacerles daño, el editor aprovechó para comentarle otro tema que le preocupaba: el hecho de que agentes de Inteligencia del Estado habrían estado siguiendo a los periodistas de El Faro. “El ministro dijo que no estaba al tanto de eso y, aunque no le solicitamos protección, tampoco nos la ofreció”, dijo Dada al IPI.
En medio del revuelo causado por el reportaje que publicó El Faro, las pandillas concretamente amenazaron al medio el 22 de marzo. “Nosotros somos personas que jugamos con la vida, principalmente con la nuestra porque no tenemos nada que perder, pero consideramos inaudito que existan personas como el periodista Carlos Dada, que se dan baños de pureza y profesionalismo, que pretendan jugar con la vida de nosotros y de otros tantos inocentes, con sus perversas y falsas aseveraciones sin considerar que con ello, lo único que provoca es ponerse a la baja altura moral que según él tenemos nosotros”, escribieron en un comunicado los voceros de la Mara Salvatrucha y Pandilla 18. En ese documento, calificaron de “irresponsable, tendenciosa, perversa y poco profesional” el trabajo de El Faro.
El vocero del presidente Mauricio Funes, David Rivas, dijo recientemente al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que el Gobierno garantizaba protección para El Faro. Esta semana, al ser consultado al respecto, Carlos Dada dijo al IPI: “Eso no se ha traducido en ninguna acción concreta ni en ninguna comunicación directa con nosotros”.
El Faro recibió en 2011 el premio María Moors Cabot a la excelencia periodística de la Universidad de Columbia, que lo consideró “un periódico digital que va abriendo un camino de ética e independencia en Centroamérica”. Entre otros reconocimientos recibidos desde su fundación, en 1998, El Faro también fue galardonado el año pasado con el premio Ortega y Gasset de Periodismo que entrega el diario español El País.
A través de su sección que cubre crimen organizado, El Faro ha desarrollado en los últimos años vínculos con fuentes de todo tipo, incluyendo funcionarios que muchas veces declaran amparados en el anonimato. Según Dada, a finales del año pasado las autoridades iniciaron “una cacería de brujas contra todo el que hablara con El Faro, con despidos masivos de agentes de inteligencia oficial”. Aparentemente, agregó, la misma persecución está ocurriendo ahora.
“Instamos a las autoridades a tomar extremadamente en serio las amenazas contra El Faro”, dijo Anthony Mills, subdirector en funciones del IPI. “El medio de comunicación ha estado reportando sobre temas que claramente son de interés público. Es responsabilidad del Estado tomar acciones con carácter de urgencia sobre las amenazas dirigidas a El Faro. Al hacerlo, enviará una señal de que no permitirá que los periodistas sean atacados por su trabajo”.
El Faro ha continuado reportando sobre las negociaciones y el descenso en la cifra de homicidios en uno de los países más violentos del mundo. Según publicó el diario El Mundo, las autoridades de seguridad pública informaron ayer que mientras en enero y febrero hubo, respectivamente, 411 y 402 homicidios, en marzo la cifra fue de 255 y, de seguir la tendencia, en abril sería de 175. Esto representaría una disminución de alrededor del 50% y coincide justamente con la tregua entre pandillas, aunque nuevamente el ministro Murguía desmintió las negociaciones.
De acuerdo al editorial de El Faro del pasado 25 de marzo y las explicaciones ofrecidas por Dada al IPI, el periódico ha buscado obtener las versiones oficiales sobre los temas que investiga, pero los funcionarios se niegan a dar entrevistas a ese medio. “Nosotros estamos claros en que no somos la noticia y no queremos ser los protagonistas. No nos hemos quedado en victimizarnos, pero aunque los riesgos que corremos no estén en nuestras páginas, eso no significa que hayamos desactivado las alarmas”, dijo Dada al IPI.
El director y fundador de El Faro considera que la delicada situación que se ha generado en el país constituye un claro retroceso en la libertad de prensa: “Desde las firmas del acuerdo de paz (con el que acabó la guerra civil del país en 1992), El Salvador se ha afanado por respaldar la libertad de expresión. Quiero dejar claro que esto (la situación que atraviesa El Faro) no sucedía. Esperamos que haya garantías para el libre ejercicio de la prensa y que el gobierno corrija lo que le compete”.
Luego de reportes que esta semana, erróneamente, aseguraban que Dada había sido forzado a salir al exilio, el periodista publicó ayer una columna en la que aclaró que sólo salió del país por tres días para reunirse en Panamá con los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Según el reporte sobre la libertad de prensa alrededor del mundo que publica anualmente el IPI y que en 2010 estuvo dedicado a América Latina, pese a la aprobación de una ley de acceso a la información, desde el primer año de la presidencia de Funes hubo falta de transparencia en su despacho.
“IPI insta a Funes, como líder y como periodista, a que no sólo se asegure de que las muertes, amenazas y ataques contra sus colegas se investiguen, sino también que actúe coherentemente con su propia formación periodística y recuerde la importancia de una sociedad bien informada, aunque en algunos casos el periodismo incomode a aquellos en el poder”, agregó Mills.
El registro que lleva el IPI sobre las muertes de periodistas en el mundo (Death Watch), refleja que en la última década han sido asesinados 4 trabajadores de la prensa en El Salvador. Entre ellos destaca Christian Poveda, quien luego de haber convivido con la Mara 18 para producir el documental “La vida Loca”, fue asesinado en 2009.
El IPI es la organización internacional más antigua del mundo dedicada a la promoción del derecho a la información. Creada en 1950 por 34 directores de medios de comunicación de 15 países, hoy es una organización mundial con miembros en más de 120 países. Tiene estatus consultivo con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
El IPI abarca el mundo entero y está constituido por unos 2000 redactores y editores, directivos de medios de comunicación y periodistas. El Instituto tiene su oficina central en Viena, pero en decenas de países hay comités nacionales del IPI que trabajan en defensa de la libertad de prensa.
