El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) manifiesta su apoyo al medio de comunicación digital español de referencia elDiario, tras la demanda penal por difamación presentada por el cantante Julio Iglesias en relación con sus informaciones sobre las denuncias de agresión sexual.
Esta demanda constituye un claro intento de intimidar a los periodistas y silenciar el periodismo legítimo de interés público. Además, pone a prueba las garantías jurídicas de España para proteger la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a informar sobre figuras públicas.
El pasado 21 de julio, Iglesias presentó la demanda contra el medio de comunicación, su director, Ignacio Escolar, y los periodistas María Ramírez, Juan Luis Sánchez, Ana Requena y Elena Cabrera.
La denuncia penal tiene su origen en un reportaje publicado por elDiario.es en enero de 2026, en colaboración con la cadena de televisión estadounidense en español Univisión, en el que dos antiguas empleadas acusaron públicamente a Iglesias de agresión sexual. Los presuntos hechos tuvieron lugar en 2021, mientras las dos mujeres trabajaban como personal doméstico interno en las mansiones caribeñas del cantante español. Iglesias niega rotundamente las acusaciones.
En marzo de 2026, el equipo legal de Iglesias presentó una demanda de conciliación en España con el fin de que se retiraran los artículos de Internet. Como parte de ese proceso judicial, elDiario defendió la labor que habían realizado en la investigación y subrayó que había seguido las normas periodísticas profesionales a la hora de verificar la información. Además, el medio rechazó la exigencia de retractarse de la noticia.
En respuesta, el cantante, de fama mundial, presentó una demanda penal, tachando la noticia de “invención periodística” y demandando al medio por difamación, injurias y atentado contra su integridad moral. La demanda manifiesta su intención de reclamar una “indemnización económica significativa” a los demandados, aunque la cuantía exacta aún no se ha detallado en el expediente del caso, según explican medios locales.
El director ejecutivo del IPI, Scott Griffen, declaró: “El IPI y nuestra red global respaldamos firmemente a elDiario y su labor periodística, que se llevó a cabo durante un periodo de tres años y con los más altos estándares periodísticos. Al presentarse ante un tribunal penal en lugar de mediante un procedimiento civil, esta demanda tiene claramente un carácter intimidatorio y tendrá un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación y el ejercicio de la libertad de prensa en España.
“Se trata de una prueba de fuego para las garantías jurídicas que protegen la libertad de los medios de comunicación en España. Además, supone un nuevo recordatorio de la urgente necesidad de despenalizar por completo la difamación en el Código Penal español, en consonancia con las normas europeas e internacionales sobre libertad de expresión. Una reforma que el IPI lleva mucho tiempo reclamando.”
Una prueba para la libertad de prensa
elDiario.es es uno de los principales medios de comunicación digitales de España y se considera una de las principales fuentes de periodismo independiente del país. El medio ha subrayado que se tomaron todas las medidas posibles para verificar la información facilitada por las dos mujeres antes de su publicación, y que las reiteradas peticiones a Iglesias para que diera su versión sobre las acusaciones antes de la publicación quedaron sin respuesta.
Iglesias ha acusado al medio de distorsionar deliberadamente la información, lo que, según sus abogados, vulnera los derechos fundamentales del cantante al honor, a la imagen y a la intimidad. ElDiario ha subrayado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional protege la información periodística veraz sobre este tipo de asuntos de interés público.
Según la legislación española, la difamación sigue siendo un delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal y se castiga con una multa o, en casos graves, con penas de prisión de seis meses a dos años. Para demostrar la denuncia por difamación, el equipo legal de Iglesias debe demostrar que los periodistas publicaron a sabiendas información falsa y mostraron un «desprecio temerario por la verdad».
El equipo jurídico de Iglesias decidió no demandar a Univisión, su socio en la investigación, con sede en EE.UU., donde la libertad de expresión y las garantías constitucionales protegen a los medios de comunicación frente a demandas penales por difamación y establecen un umbral muy alto en los procedimientos civiles.
El IPI celebra el apoyo brindado a elDiario por organizaciones mediáticas nacionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), y espera contar con más muestras de solidaridad por parte de la comunidad profesional de los medios de comunicación españoles.
Las reformas de 2015 despenalizaron parcialmente la difamación en España en los casos de insultos y calumnias leves, suprimiendo el artículo 620, apartado 2, y trasladando los casos de menor gravedad al ámbito civil. Sin embargo, la difamación y los insultos graves siguen estando tipificados en el Código Penal.
Las organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa y la libertad de expresión llevan mucho tiempo reclamando la despenalización total de la difamación en España, en consonancia con la jurisprudencia del artículo 10 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo de Europa.
El IPI subraya que las normas europeas dejan claro que los enfoques parciales o basados en la condición social para la despenalización de la difamación son insuficientes para proteger eficazmente la libertad de expresión. Mientras la difamación siga siendo un delito, producirá efectos disuasorios sobre los periodistas y otros defensores del interés público.
Haz clic aquí para ver el seguimiento que realiza el IPI de la libertad de prensa en España en la plataforma Mapping Media Freedom, como parte del proyecto Media Freedom Rapid Response (MFRR).
* María Ramírez, subdirectora de elDiario.es y una de las demandadas en el proceso judicial, es miembro del Consejo Ejecutivo del IPI.
