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El periodista Luciano Rivera Salgado fue asesinado el pasado lunes en Rosarito, México, justo el día en el que se cumplían dos años de los asesinatos de la colonia Narvarte, uno de los casos que conmocionó al mundo en el que el fotoperiodista Rubén Espinosa, junto a cuatro activistas, fueron abatidos a tiros en su propio domicilio en Ciudad de México.

Según el relato de los hechos publicado por medios locales, Rivera, presentador del canal local CNR, murió de un disparo en la cabeza en uno de los bares de la localidad, tras encararse contra un grupo de hombres que parecían molestar a unas mujeres.

A diferencia de la muerte de Espinosa, en un principio, el asesinato de Rivera no parece estar relacionado con su labor periodística. El cuerpo de Espinosa tenía signos de haber sido torturado y su muerte tuvo lugar a los dos meses de llegar a Ciudad de México donde había buscado refugio tras huir del acoso, la vigilancia y amenazas a las que estaba sometido en Veracruz.

Sólo una investigación minuciosa y transparente por parte de las autoridades puede dilucidar si la muerte de Rivera fue fruto de la violencia general que asola Baja California, inmersa en una guerra contra la droga o, si bien, se trata de un atentado orquestado para acabar con su vida.

Sin embargo, por un lado, dado los pésimos antecedentes de la policía mexicana a la hora de resolver los casos de periodistas asesinados y, por el otro, la existencia de evidencias que apuntan a que las autoridades podrían haber ocultado la cifra real de asesinatos de periodistas al clasificar sus muertes bajo otra categoría, los casos de Rivera y Espinosa podrían tener el mismo final: una investigación estancada que envía el claro mensaje de que asesinar a periodistas no acarrea consecuencia alguna.

Desde el año 1997, el IPI ha registrado unos 90 periodistas asesinados en México cuyas muertes están relacionadas con su trabajo. Sin embargo, este cómputo no incluye a otros 27 casos, asesinados desde 2015, que el IPI mantiene bajo supervisión.

Un país donde el índice de impunidad supera el 90% de los crímenes contra reporteros, los periodistas en activo quedan en una posición de máxima vulnerabilidad. De hecho, en lo que va de año, además del caso de Luciano Rivera, el IPI ha registrado otros 10 asesinatos:

Edwin Rivera Paz: El cuerpo del fotoperiodista hondureño fue hallado con varios disparos en la ciudad de Acayucan, Veracruz, el pasado 9 de julio. Edwin Rivera Paz había buscado refugio en México tras huir de Honduras donde temía por su vida. En enero, hombres armados habían asesinado al director y productor del programa de televisión para el que trabajaba como cámara.

Salvador Adame Pardo: El cuerpo sin vida del reportero fue hallado en el estado de Michoacán el 26 de junio, apenas un mes después de haber sido secuestrado. Adame era director del canal local de televisión 6TV.

Javier Valdez Cárdenas: El asesinato a balazos en Culiacán de este periodista, reconocido a nivel internacional por su larga trayectoria cubriendo los cárteles de la droga, tuvo lugar el 15 de mayo en el estado de Sinaloa. En plena luz del día, un grupo de hombres, aún sin identificar, le tendieron una emboscada.

Filiberto Álvarez: El periodista de 65 años fue asesinado a tiros el pasado 29 de abril en el estado de Morelos, cuando varios hombres le asaltaron a la salida de su programa de radio. El fiscal desvincula su muertete a su labor periodística, pero el caso aún sigue abierto.

Juan José Roldán Ávila: El cuerpo sin vida de este reportero y activista por los derechos del colectivo LGTB fue hallado por las autoridades en Calpulalpan, Tlaxcala, el 16 de abril de 2017. La autopsia determinó que Juan José murió por las heridas infligidas por torturas físicas.

Maximino Rodríguez: El periodista fue asesinado a balazos en su propio vehículo en una carretera del estado de Baja California el pasado 14 de abril. Rodríguez trabajaba para el periódico local online Colectivo Pericu. A principios de junio, las autoridades confirmaron la detención de tres sospechosos del asesinato y la investigación concluyó que su muerte estaba directamente relacionada con su trabajo como periodista.

Miroslava Breach: La reconocida periodista fue abatida a tiros en la Puerta de su casa en Chihuahua cuando se disponía a llevar a sus hijos a la escuela el 23 de marzo de 2017. Miroslava se había especializado en la cobertura del crimen organizado, la corrupción y la política para periódicos de ámbito nacional. Las autoridades encontraron una nota al lado de su cadáver que rezaba “Por tener la lengua larga”, y venía firmada por “El 80” un grupo criminal relacionado con el cártel de Juárez. Las autoridades no han detenido a nadie hasta la fecha, sin embargo, sospechan que su asesinato está relacionado con su labor como periodista.

Ricardo Monlui Cabrera: El director de un diario local especializado en información económica fue abatido a tiros a la salida de un restaurante de Veracruz el 19 de marzo de 2017. Ricardo Monlui se encontraba en ese momento con su mujer e hijo. Ambos resultaron ilesos.

Cecilio Pineda Brito: Dos hombres en una moto tirotearon a este colaborador del diario La Voz de Tierra Caliente, mientras esperaba en un lavado de coches. Los hechos tuvieron lugar en la Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Cecilio había cubierto durante años la violencia de las bandas callejeras y las acciones policiales. El periodista había sido el sujeto de varias amenazas y habían intentado acabar con su vida previamente en 2015.

Carlos Alberto García Martínez: Este periodista Deportivo fue asesinado el 20 de febrero en Colima junto a un acompañante cuando varios hombres armados abrieron fuego contra el coche en el que viajaban. Las autoridades detuvieron a un sospechoso de 26 años de edad y confirmaron que las muertes no estaban relacionadas con su trabajo, aunque no aportaron ninguna otra explicación.