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Si bien todavía resta más de 6 meses para que se inicie la campaña electoral para elegir un nuevo presidente de la República de Ecuador, el esfuerzo por controlar el discurso político ya hace algún tiempo que ha comenzado.

Una parte de esta batalla se ha trasladado a las redes sociales, donde el propio presidente, Rafael Correa, y miembros afines del Gobierno, intentan desacreditar a periodistas, caricaturistas y periódicos críticos con su gestión.

Esto es lo que viene a mostrar el estudio “La batalla en 140 caracteres” que ha publicado recientemente Fundamedios, una organización de Ecuador que monitoriza las violaciones contra la libertad de información en el país.

Se trata de un análisis de contenido de cerca de 1.384 tuits sobre una muestra de 27 cuentas en Twitter de funcionarios públicos (representantes del Gobierno), miembros del parlamento y altos dirigentes políticos y que, según el estudio, se tratan de descalificaciones que responden a una estrategia concreta, tal y como cuenta el director de Fundamedios, César Ricaurte.

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El estudio identifica cuatro estrategias discursivas, entre la cuales, las más empleada por el Gobierno es la de “La verdad oficial, la verdad absoluta”. Según la investigación, el 74% de los mensajes están dirigidos a desmentir las noticias publicadas, y a atacar los contenidos de los medios.

Otras estrategias narrativas que el estudio a revelado son aquellas que acusan a los periodistas de tener una agenda oculta tras la publicación de una noticia, o que utilizan el insulto y la ironía para ridiculizar la labor de los reporteros.

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Uno de los objetivos del estudio, cuenta Ricaurte, es el de poner el foco sobre el uso de las cuentas de en Twitter de representantes gubernamentales y la delgada línea que separa los mensajes de carácter personal de los institucionales, llegándose a confundir frecuentemente.

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La distinción entre un mensaje público o institucional es un matiz importante, ya que los seguidores en redes sociales afines a las tesis del Gobierno pueden ver en ellos la justificación que legitima campañas masivas de intimidación contra periodistas. Una hipótesis que parecen apoyar los datos de este estudio.

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No es el primer estudio de este tipo. De hecho, esta iniciativa se basa en un estudio similar desarrollado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, en el que se presentaba las estrategias discursivas en las redes sociales por parte de representantes institucionales.

Sendos estudios representan los primeros esfuerzos en la región que utilizan una aproximación metodológica basada en las ciencias sociales para arrojar luz en un fenómeno del que hasta ahora se tenía constancia en base a observaciones casuales.

Un paso necesario para conocer el impacto real del acoso contra periodistas en las redes sociales y el papel que éstas juegan en la protección de la libertad de expresión y de información no sólo en Ecuador, sino a nivel global.