Un juez boliviano dictó, el pasado mes de mayo, una sentencia que obliga a un periodista y a la directora de la misma publicación a revelar las fuentes que utilizaron en la redacción de un artículo de investigación publicado recientemente. Ello, a pesar de que la vigente Ley de Imprenta protege el secreto de fuentes como un ‘secreto inviolable.’
“Una fuente nunca ha sido revelada en este país”, explicó Juan León Cornejo, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). “No sabríamos qué hacer si eso llegara a pasar”, continúa Cornejo, “este dictamen no tiene la intención de descubrir las fuentes sino de asustar y amenazar a la prensa.”
El periodista Ricardo Aguilar y la directora del diario La Razón, Claudia Benavente, fueron citados a testificar el 7 de mayo en la corte criminal de La Paz. Ambos fueron notificados sobre un dictamen emitido el 25 de abril ordenándoles a revelar en los próximos tres días sus fuentes relacionadas con el artículo escrito por Aguilar y publicado en La Razón el 13 de abril. El juez encargado de este dictamen, Jhonny Machicado, les prohibió cualquier tipo de declaración pública sobre su caso.
El reportaje “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales” describe la disputa entre los gobiernos de Chile y Bolivia sobre al acceso de Bolivia a la costa pacífica.
Según Cornejo, el juez Machicado no especificó en qué reglamento o ley basó su dictamen o mencionó qué leyes violaron Aguilar y Benavente al hacer público el artículo en cuestión.
“El acoso judicial está tomando lugar contra el diario La Razón y representa un claro ataque contra el periodismo independiente en Bolivia,” explicó Cornejo al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) en una entrevista telefónica.
La Razón anunció a través de un comunicado emitido el pasado mes de mayo, que el reportaje escrito por Aguilar no viola norma alguna y que “apelará a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta, especialmente en referencia a la inviolabilidad del secreto de imprenta establecida en su Artículo 8.”
Algunos representantes del gobierno también han hecho declaraciones sobre el caso. Según la publicación El Deber, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, insistió durante una rueda de prensa el pasado 10 de mayo que la denuncia de este caso no ha sido planteada por la fiscalía con el objetivo de sancionar a la publicación (La Razón ) sino de revelar las fuentes del periodista Aguilar.
“En estos momentos, el caso se mantiene en un limbo,” dijo Cornejo. De hecho, no ha habido ningún otro tipo de acción contra Aguilar y Benavente desde el 7 de mayo, día en el que recibieron la orden judicial.
El IPI está profundamente preocupado por las decisiones adoptadas por varios oficiales en Bolivia, claramente en contra del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, tal y como recoge la Ley de Imprenta de 1925.
“Le recordamos a las autoridades bolivianas que el derecho periodístico de proteger a sus fuentes ha sido reconocido por numerosas organizaciones internacionales, como lo son la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, entre otros,” dijo Vanessa I. Garnica, asesora de libertad de prensa para Latinoamérica y el Caribe del IPI. “El derecho de proteger a una fuente es esencial en lo que se refiere a la libertad de prensa. Sin estas garantías, las fuentes podrían ser disuadidas a proveer información que pueda ser de interés público.”
